El abogado Alejandro Rúa, querellante en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos en representación de ex detenidos supuestas víctimas de esas prácticas, le pidió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que se haga de los registros de escuchas de los teléfonos instalados en los distintos pabellones de la cárcel de Ezeiza.

Rúa formuló el pedido después de que se conociera que la actual intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pusiera a disposición del juez 105 mil registros de audio y transcripciones de interceptaciones telefónicas entre 2016 y 2019.

“Solicito que se reclame a ese organismo la inmediata entrega de todos y cada uno de esos registros (tanto los audios, como las transcripciones), que se correspondan con la interceptación de los teléfonos de ese Complejo que resultan de interés para este trámite”, reclamó Rúa, quien representa al ex vicepresidente Amado Boudou, su ex socio y amigo José María Núñez Carmona y al ex número dos del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Además, Rúa remitió una nota al relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, informándole sobre la revelación de la AFI sobre las escuchas de conversaciones entre detenidos y sus defensores.

Lo hizo “en orden al permanente interés expuesto por esa Relatoría Especial por la situación de los abogados y en particular los obstáculos para el ejercicio independiente de la profesión” y solicitó “nuevamente su intervención, para que en la situación que ha quedado expuesta, se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino por las maniobras de espionaje ilegal”.

Esas maniobras, añade la nota, fueron realizadas “en perjuicio, entre otras cosas, de la independencia de los abogados, en las que conoce esa Relatoría”.

Rúa reclamó además “la destrucción de los registros amparados por la confidencialidad de las consultas entre los abogados y sus defendidos, de conformidad con los ‘Principios Básicos sobre la Función de los Abogados’ adoptados por las Naciones Unidas y de todas aquellos otros que se hayan obtenido sin legitimidad a propósito de las actividades de espionaje ilegal desplegada por las autoridades nacionales en las unidades carcelarias”.

En ese contexto, reclamó que “se promueva y respalde la investigación de forma eficaz, rápida, completa e imparcial, para la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad y  la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones”.