Espionaje ilegal: Martínez de Giorgi investiga si espiaron a los ex jefes de la AFI
El juez Martínez de Giorgi pidió informes al Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA para saber si accedieron a datos de Arribas, Majdalani y otros ex agentes de inteligencia.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió hoy informes sobre las consultas realizadas “en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires” sobre un listado de ex agentes de la AFI, entre ellos los ex jefes durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani.
Lo hizo mediante un oficio enviado a su colega Ariel Lijo, quien tiene a su cargo un expediente derivado de la investigación por el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) en el ámbito porteño.
“Respecto de cada una de las consultas, deberán informarse fechas y los horarios, como así también el usuario que las hubiera realizado”, sostiene el pedido de Martínez de Giorgi.
El juez le remitió también un oficio al gobierno porteño reclamándole información “respecto de la adquisición por parte de la cartera de Seguridad y Justicia de tecnología de seguimiento y vigilancia, anillos digitales, cámaras y geolocalización”.
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El reclamo incluye que “se detallen las empresas proveedoras o prestadoras de tales servicios que hubieran sido contratadas, entre los años 2016 y 2021”.
El listado de los ex agentes de la AFI sobre quienes el juez pidió datos sobre sus eventuales seguimientos se completa con Diego Dalmau Pereyra, Alan Ruiz, Juan De Stefano, Jorge Horacio Saez, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta, Denise Aya Tenorio, María Mercedes Funes Silva, María Andrea Fermani, Daiana Baldasarre, Andrés Rodríguez, María Belén Saez, Dominique Lasaigues, Martín Terra, Mariano Ignacio Flores, Jorge Ochoa, Javier Bustos, Jonathan Nievas”.
Todos están siendo investigados en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos que comenzó a tramitar en 2020 en los tribunales federales de Lomas de Zamora y finalmente recayó en Comodoro Py 2002 por una decisión de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país.