La Cámara Federal de Casación  volvió a aceptar como querellante en la causa por espionaje ilegal a detenidos kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el organismo que encabeza el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El tribunal tuvo por “mantenido el recurso de casación” contra el sobreseimiento de las ex autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) acusadas de montar un sistema de escuchas y filmaciones ilegales en el penal de Ezeiza.

Por una cuestión burocrática de notificaciones, la CPM había sido excluida de la posibilidad de apelar, pero los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky corrigieron esa situación.

Ahora, el máximo tribunal penal del país deberá revisar los sobreseimientos, dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ratificados por la Cámara Federal.

Las apelaciones fueron presentadas por varios de los supuestamente espiados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

En cambio, el tribunal rechazó los planteos de otro grupo de ex agentes de inteligencia acusados por esa  maniobra ilegal, quienes sí continúan bajo procesamiento.

Se trata de la causa que se inició por investigación del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, quien detectó un sistema de escuchas y grabaciones ilegales en el penal de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ese expediente aterrizó tiempo después en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y el juez Martínez de Giorgi sobreseyó a la ex plana mayor del SPF, a raíz de la nulidad de dos declaraciones testimoniales claves para la investigación.

Entre quienes aún siguen bajo investigación aparecen la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani y los ex espías Facundo Melo, Leandro Araque,  Jorge Sáez y Alan Ruiz.