El Consejo de la Magistratura suspendió en el cargo y envió a juicio político al juez federal de Mendoza Walter Bento, que además es funcionario judicial con competencia electoral en la provincia.

La decisión fue adoptada por amplia mayoría del Consejo, con una disidencia parcial del consejero juez Alberto Lugones.

La suspensión en el cargo de Bento ya fue comunicada a la Cámara Federal de Mendoza y a la Justicia con competencia en lo electoral.

Los representantes del oficialismo, a quienes el impulsor del jury -el diputado y ex consejero Pablo Tonelli- había acusado de "protegerlo", también votó a favor de la suspensión.

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Tonelli, quien ya no es consejero pero sí diputado, celebró la decisión del Consejo: “Con este avance se cumplen las instancias previstas en la Constitución y en las leyes, llevando tranquilidad a la gente y demostrando que el Consejo no mira para otro lado cuando se trata de un juez corrupto que incurre en mal desempeño”.

Tonelli recordó que “esta instancia fue demorada pero finalmente el juez Bento ha sido suspendido en sus funciones y deja de impartir ‘justicia’”.

El diputado de Juntos por el Cambio destacó “la búsqueda de consensos en el seno del Consejo de la Magistratura” y pronosticó que “antes de fin de año debería estar resuelto el juicio del Jurado de Enjuiciamiento”.

En efecto, el jurado de enjuiciamiento dispone ahora de un plazo máximo de seis meses para el juicio y eventual destitución. Bento está acusado por mal desempeño por presunta protección a bandas delictivas a cambio de pagos ilegales. Además del jury, enfrenta una causa penal en la que está procesado y en instancia de apelación.

El proceso de juicio político se inició a raíz de una presentación de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el tribunal superior jerárquico de Bento.

El consejero abogado Miguel Piedecasas justificó la suspensión en que “el magistrado ha violentado las más elementales reglas que hacen un correcto desempeño. Se encuentra procesado en ocho  oportunidades. Existen elementos de convicción suficiente para informar que han existido hechos delictuosos”.

En ese sentido, destacó como causales del mal desempeño “la falta de justificación relacionado con los gastos e ingresos y viajes al exterior, el ocultamiento de su calidad de procesado en el concurso para camarista federal, faltar a la verdad en acto público ni haberse inhibido de entender en causas dónde se veía afectada su imparcialidad”.

“Estamos ante hechos graves e inequívocos que son serios para nuestra decisión. Un magistrado que se encuentra cuestionado en su rectitud, probidad y honestidad no puede durante el juicio seguir a cargo de la noble tarea de la Magistratura. Es la credibilidad de la Justicia la que se encuentra en juego”, resumió.