El Senado firmó dictamen a favor de la ley de cupo trans en organismos y empresas del Estado
La iniciativa garantiza para integrantes de este colectivo un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes, ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.
El Senado firmó hoy dictamen a favor del proyecto de ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que garantiza para integrantes de este colectivo un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes, ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.
La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo trans víctimas de travesticidios, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y este jueves recibió el aval en un plenario remoto de las comisiones de Banca de la Mujer y Trabajo y Previsión Social del Senado.
La senadora chubutense Nancy González (Frente de Todos) consideró que la ley de cupo para el colectivo trans "llega tarde" pero se mostró satisfecha al asegurar que se trata de "un derecho" que el Estado tenía como "deuda".
La senadora neuquina Silvia Sapag hizo hincapié en las penurias que padecen las mujeres trans por la marginación a la que las somete la sociedad por su condición de género.
"Para comer tienen que dedicarse al trabajo sexual", advirtió, y lamentó que "su vida promedio no pasa más de los 40 años”.
A su turno, la santafesina María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) remarcó que "el acceso al trabajo tiene mucho que ver con la inclusión, tiene mucho que ver con las oportunidades".
La fueguina María Eugenia Duré (Frente de Todos) destacó que esta conquista legislativa apunta a "devolverle la dignidad" al colectivo travesti y trans.
Entre los beneficios que estipula la ley para este personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.
A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este
colectivo.
La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo,
garantizando capacitación para el acceso al beneficio.
Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.