Hace pocos días, el presidente Alberto Fernández hizo, entre otras cosas, una reivindicación del empeño del gobierno en aliviar la situación de un sector de trabajadores. Fue cuando anunció un aumento del 35% del salario mínimo y del seguro al desempleo. Tuvo el cuidado, prudente, de no entrar en los "detalles".

Ocurre que el beneficio consiste en llevar un salario de 21 mil a 29 mil pesos, en números redondos, que se pagarán en siete cuotas, la última en febrero de 2022.

Esto significará seguramente una caída del poder adquisitivo de ese mínimo, de acuerdo a lo que indican las tendencias inflacionarias, en especial luego de las elecciones de medio término. El monto actual del salario mínimo equivale a 17% y algo de una canasta familiar, y a un 33% de la canasta de pobreza.

En resumen, el presidente se ha jactado de fijar a la baja un salario que ya se encuentra por debajo de la canasta de indigencia.

El aumento de 2020 fue del 28% frente a una inflación que arribó al 53 por ciento. El nivel del salario mínimo determina el de diversas prestaciones sociales, que sufrirán por lo tanto las consecuencias de esta desvalorización.

La peripecia del salario mínimo tiene un aspecto político nada despreciable, porque fue "consensuado" en el Consejo del Salario.

Esto significa que contó con la aprobación de las patronales, el estado y las burocracias sindicales, sectores que tributan al kirchnerismo, unos, al macrismo, otros, y a otras fuerzas políticamente similares, el resto.

La CTA Autónoma se abstuvo, a pesar de que dice reivindicar un mínimo de 60 mil pesos. Como recién llegada al Consejo, la CTA-A compró una poltrona permanente en ese ámbito.

Es frecuente que se confunda la nimiedad del monto del salario mínimo con insignificancia social y política. Ocurre lo contrario, porque en las condiciones de la sociedad capitalista empuja a quienes se encuentran en esa situación a malvender su fuerza de trabajo para sobrevivir.

Presiona hacia abajo todas las escalas de ingreso de los trabajadores. No hay mejor prueba de esto que la fijación de un salario bruto de 150 mil pesos como techo para no pagar ganancias de la cuarta categoría.

Ese salario, sin embargo, se encuentra apenas por encima de una canasta familiar, y pronto quedará por abajo de ella, como consecuencia de la inflación.

En suma, forma parte de una política de presión contra los salarios industriales, como lo pone en evidencia los reclamos de una reforma laboral por parte de las cámaras patronales y el FMI.

Se ha creado, naturalmente, una olla a presión que estalla a cada rato. Que todo esto se profundice en condiciones de pandemia muestra el antagonismo irrevocable entre el capital y la fuerza de trabajo, cuando se encuentran en juego la salud y la vida de millones de trabajadores.

En las condiciones del capitalismo, la pandemia se convierte en una crisis humanitaria, o sea del conjunto de la organización social presente.