El “Pata” Medina negó haber participado de una actividad gremial y el juez en un plazo de 72 horas resuelve si vuele o no a la cárcel
Excarcelado y con la prohibición de desplegar cualquier actividad gremial en la UOCRA local u otras seccionales, el lunes fue visto en una manifestación
Juan Pablo “Pata” Medina negó hoy haber participado de una actividad gremial el pasado lunes, a la cual estaba imposibilitado tal como había advertido la Justicia, y en un plazo dentro de las próximas 72 horas se definirá si vuelve o no a la cárcel.
Fue en una audiencia virtual ante el juez del Tribunal Oral Federal 2 Alejandro Esmoris donde el “Pata” Medina intentó explicar su conducta tras haber participado en una manifestación gremial el pasado lunes en La Plata junto a su hijo Cristian “Puly”, también imputado en la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión que tienen ambos pendientes en el tribunal Oral Federal 2 de La Plata que aún no le fijó fecha.
Medina fue excarcelado en febrero de este año porque llevaba preso tres años pero está a la espera del juicio. Al liberarlo, el juez del Tribunal 2 Alejandro Esmoris le fijó una serie de conductas como la prohibición de salida del país, la de acercarse a las víctimas de los hechos por los cuales se lo acusa, y también de participar de actividades gremiales en la UOCRA u otras seccionales.
Regreso al calabozo
En la audiencia también estuvo presente el fiscal de juicio Marcelo Molina que se expedirá y es probable que reclame que vuelva a la cárcel, lo cual será resuelto en un plazo que se supone no mayor a las 72 horas definirá el juez Esmoris.
En la causa se investiga una asociación ilícita que habría funcionado dentro de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Seccional La Plata, integrada por su Secretario General Juan Pablo Medina, por su hijo Cristian Isidoro Jesús Medina y su yerno David Emiliano García -todos ellos, a su vez miembros de la Comisión Ejecutiva de la UOCRA y Congresales Nacionales-, entre otros familiares y personas de confianza, donde desde 2006, se dedicó a extorsionar a empresarios del rubro de la construcción de La Plata, Ensenada y Berazategui, para exigirles contribuciones ilegales e indebidas bajo amenaza de paralizarles las obras.
También forma parte de la acusación el obligar a las empresas a contratar los servicios de “Abril Catering”, la cual es cercana al sindicalista investigado.