El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos retomó hoy en un plenario de comisiones la discusión sobre el proyecto para reformar la Ley de Ministerio Público y Juntos por el Cambio se retiró tras calificar la iniciativa como un "intento burdo de garantizar la impunidad de ex funcionarios kirchneristas".

La Comisión de Justicia que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) se reunió junto con la de Asuntos Constitucionales que encabeza Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) para debatir sobre el proyecto que, entre sus puntos principales, reduce la mayoría requerida para elegir al procurador general y otorga mayor control al Congreso.

A poco de empezar la reunión por videoconferencia para escuchar a los invitados exponer sobre el proyecto -que ya tiene aprobación del Senado- los diputados de Juntos por el Cambio se retiraron con fuertes críticas a sus pares del oficialismo, a quienes acusaron de "apurar una ley perversa para controlar el Ministerio Público Fiscal".

El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (Juntos por el Cambio), sostuvo que la reunión "fue gestada entre gallos y medianoche" y agregó: "No nos vamos a prestar a esta farsa. No vamos a ser cómplices del oficialismo. Quedarnos es convalidar esta iniciativa".

"Sin consulta con la oposición y con expositores invitados a favor del proyecto del Gobierno, el oficialismo montó un show para vestir de legalidad el intento más burdo de garantizar la impunidad de ex funcionarios kirchneristas", sostuvo el interbloque opositor a través de un comunicado.

En este sentido, remarcaron que "los vicepresidentes de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, ambos de Juntos por el Cambio, no fueron consultados y así la oposición quedó excluida del armado de la agenda de trabajo del plenario de esta tarde".

Los diputados señalaron que "de ese modo, sólo fueron convocados a exponer personalidades que están a favor del proyecto del Gobierno" y subrayaron que por esa razón "el interbloque Juntos por el Cambio decidió no participar del plenario ya que no va a ser cómplice del avance de esta ley de impunidad".

En tanto, el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que el oficialismo quiere "sembrar el miedo en todos los fiscales que deben investigar los delitos, especialmente los de corrupción".

"El kirchnerismo apura una ley perversa para controlar el Ministerio Público Fiscal. Les permitirá designar un nuevo Procurador con la mayoría peronista del Senado o nombrar un Procurador interino con la mayoría que tienen en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público", agregó.

Intento de remover a Casal

Durante la reunión, el oficialismo ratificó su apoyo al proyecto, en un contexto marcado por el intento del Frente de Todos de remover al procurador general, Eduardo Casal, quien ocupa interinamente el cargo desde 2017, cuando renunció la anterior jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó.

Para respaldar el proyecto, el oficialismo invitó al representantes de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Alberto Binder, y a la titular de la Unidad Fiscal especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal, Mariela Labozzetta.

También fueron invitados el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba José Asis y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta.

Entre los argumentos a favor del proyecto, se destacaron la necesidad de agilizar el funcionamiento de la Justicia Federal en medio de la puesta en marcha del sistema acusatorio -donde la investigación recae en los fiscales y ya no en los jueces- y el objetivo de lograr una mayor paridad de género.

La iniciativa propone que la designación del procurador general se realice con una mayoría absoluta del Senado (37 votos sobre los 72 del pleno) en lugar de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes (48 si se sientan todos) que funciona actualmente, al tiempo que elimina el mandato vitalicio del procurador y lo acota a cinco años.

También otorga a la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso -actualmente con mayoría oficialista- la facultad de evaluar la política criminal establecida por el procurador, al tiempo que establece la obligatoriedad de contemplar en ese órgano del Estado la paridad de género y el federalismo.

El proyecto modifica, además, la integración del tribunal de disciplina que define la remoción de los fiscales, que estará integrado por tres representantes del Congreso, uno del Ejecutivo, otro a elección de los fiscales, uno de los abogados y uno de las universidades nacionales, entre otros puntos.