Viernes, 30 Abril 2021 14:36

El oficialismo busca definir una postura ante un proyecto de la oposición referido a la situación de mujeres en Formosa

Solá mantuvo una reunión cerrada con diputados del Frente de Todos para evaluar un pedido de Juntos por el Cambio tras una cautelar de la CIDH que pidió al Estado tomar medidas para proteger a siete mujeres embarazadas de la comunidad Wichi.

Mujeres de la comunidad Wichi. Mujeres de la comunidad Wichi. Foto: Web

El canciller Felipe Solá y un grupo de diputados del Frente de Todos se reunieron este viernes para analizar una serie de pedidos de informe y proyectos de declaración impulsados por la oposición, entre ellos uno referido a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la provincia de Formosa.

Así lo indicaron a NA fuentes parlamentarias, que deslizaron que la idea del oficialismo es sentar una postura ante la presión de Juntos por el Cambio para tratar esas iniciativas presentadas en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja. En la Cancillería confirmaron que fue una reunión cerrada.

Entre el paquete de proyectos, se destaca uno que propone expresar el beneplácito de Diputados ante la resolución 32/2021 de la CIDH del 16 de abril pasado, que otorgó medidas cautelares a favor de siete mujeres embarazadas de la comunidad Wichi de Formosa que se habrían escondido por "temor a ser detenidas arbitrariamente por parte de la policía de Formosa".

La iniciativa en cuestión fue presentada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y sus colegas Silvia Lospennato, Karina Banfi, Facundo Suárez Lastra, Maximiliano Ferraro, Dolores Martínez, Martín Maqueyra y Carmen Polledo.

La resolución de la CIDH se dio tras la presentación que habían hecho Félix Díaz, del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, junto a los patrocinantes Santiago Cantón y Lucas Gómez.

Con esa presentación habían pedido al organismo que "proteja los derechos de las mujeres embarazadas de la etnia Wichí que se encontrarían escondidas en el monte de Formosa" por temor a "ser detenidas arbitrariamente por parte de la policía de Formosa y trasladadas a centros de detención y confinamiento como habría sucedido a 'cientos de mujeres de su comunidad'".

En su resolución, la CIDH indicó que los solicitantes señalaron "que la decisión de huir y esconderse se debe a que temen ser detenidas arbitrariamente por parte de la policía de Formosa y trasladadas a centros de detención y confinamiento" y que se referían a 86 mujeres en esa situación.

La CIDH aclaró que solo se pudieron "individualizar con nombre y apellido" a siete mujeres que estarían en esa situación y que también hubo una "negativa de los solicitantes para brindar cierta información a lo largo del trámite".

En ese contexto, el 16 de abril pasado el organismo consideró, tras analizar los alegatos de todas las partes involucradas (los solicitantes del amparo y el Estado nacional, entre otros) que "desde el estándar prima facie aplicable, siete mujeres embarazadas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable".

Por consiguiente, la CIDH solicitó al Estado que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias" de la cautelar con su "consentimiento previo, informado y libre" y que "concierte las medidas a adoptarse con los representantes y las beneficiarias".

También pidió "al Estado de Argentina que informe, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica".

Además, resolvió "de manera adicional, valorando la negativa de los solicitantes para brindar cierta información" que los impulsores de la medida cautelar brinden "de manera inmediata, tanto a la Comisión como al Estado argentino, toda información adicional que se encuentre en su poder y pueda tener relación con la situación de riesgo de las siete mujeres".

También les pidió "cooperar de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de las mujeres beneficiarias".

En los últimos puntos de la resolución, la CIDH indicó que de acuerdo a su reglamento "el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables".

Finalmente, estableció que "revisará la pertinencia de mantener vigente la presente medida cautelar, o bien proceder a su levantamiento, en su próximo período de sesiones".

Escrito por Noticias Argentinas
Buenos Aires, NA