Tercerización de un negocio, con clientes cautivos, a los que se les cobra una tasa inapelable, es la mejor combinación para ganar dinero rápidamente en medio de la pandemia de coronavirus.

La firma LabPax liderada por dos monotributistas de las categorías más bajas -que según denuncias de la diputada nacional Mariana Zuvic serían testaferros de dirigentes cercanos a La Cámpora, y que habrían dado la dirección de una plaza pública como su sede de negocios-, continúa facturando, con el visto bueno de la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 y la aparente displicencia de los funcionarios nacionales del ministerio de Transporte y de  Salud de la Nación, en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

En medio de una pandemia tremenda por el virus Sars-CoV-2 causante de la enfermedad denominada Covid-19 y con la cepa andina, originaria de Chile y Perú, presente en nuestro país, que está dejando miles de infectados y centenares de muertos a medida que se propagó durante los últimos días, es el laboratorio “trucho” el que continúa realizando testeos exprés a $2500 cada uno.

Al menos así se desprende de lo informado hasta el 16 de mayo cuando aterrizó un vuelo procedente desde Lima, Perú, con pasajeros que debieron hisoparse antes de pasar por la oficina de migraciones para realizar el ingreso al país.

Si bien desde el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que dirige el santiagueño Carlos Pedro Mario Aníbal Lugones Aignasse, vienen desmarcándose de las responsabilidades por las irregularidades detectadas y denunciadas ante la Justicia por el accionar del laboratorio LabPax, fue este organismo que regula la actividad aérea el que autorizó los vuelos regionales desde y hacia la estación aeroportuaria ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gestión del gobierno de Cambiemos había prohibido las operaciones de vuelos regionales en el aeropuerto Jorge Newbery.

A raíz de la investigación realizada por el diario La Nación, donde se expuso que la empresa LabPax es una sociedad conformada por dos monotributistas sin ningún tipo de antecedentes en análisis clínicos y sus dueñas, Paola Perillo Orellana, inscripta en la categoría A del régimen de la AFIP, declaró facturar no más de 18.000 pesos mensuales mientras que su socia, Laura Cáceres, está un escalón más arriba y factura por hasta 34.700 pesos por mes, los hisopados en la terminal aeroportuaria internacional de Ezeiza quedaron en manos de la firma Stamboulian Servicios de Salud.

Esta decisión de AA 2000 de terminar con el contrato que la unía a LabPax, a través de un acuerdo con una ONG con contactos en la familia Eurnekian, y cerrar un acuerdo con Stamboulian, una empresa con más trayectoria en los servicios de salud, viene con costos similares para el público cautivo que integran los pasajeros de las líneas aéreas.

Mientras que los precios se mantienen en $2500 por hisopado para los que arriban al territorio nacional, para los que se van de la Argentina la tarifa alcanza los $6000, costo de un test que se realiza por el método de ampliación isotérmica (LAMP) y no de PCR exprés, con el resultado en menos de 15 minutos, que realizaba LabPax.

Si bien las autoridades sanitarias explicaron, a través de sus  voceros, que los dos métodos son válidos para presentar ante funcionarios de salud de otros  países que demanden hisopados con PCR negativos, las dudas de los pasajeros acerca de si se los van a aceptar en sus destinos persisten.

La diferencia radica en la técnica de laboratorio con la que se trabaja, que permite un resultado en un lapso de tiempo más corto, nunca menor a tres horas. Pero tanto la PCR como la LAMP son dos pruebas que sirven porque analizan material genético, informaron fuentes del ministerio de Salud.

Por la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Luis Armella por el escándalo de los hisopados truchos, AA 2000 ya sufrió el allanamiento de sus oficinas en busca de pruebas que echen luz acerca del entramado que permita descubrir quiénes están detrás de las dos monotributistas que facturaron hasta el 15 de mayo cerca de 5 millones de pesos diarios.

Por ello, es difícil comprender las razones por las que en el aeroparque metropolitano continúa operando LabPax y no fue reemplazado este laboratorio, flojo de papeles, como sucedió en el aeropuerto de Ezeiza luego que el escándalo tomara dimensión pública y la preocupación por la filtración de turistas con cepas nuevas del virus que produce Covid-19 se convirtiera en una hipótesis plausible.

La información oficial releva que desde el 27 de marzo, cuando comenzaron a implementarse los test obligatorios en el aeropuerto internacional, hasta el 28 de abril, el día anterior a la nota del diario La Nación, ingresaron 34.013 pasajeros y 92 fueron diagnosticados con Covid positivo en el aeropuerto. Se los diagnosticó a través de test realizados en menos de 15 minutos.

Ante la presencia de todas las variantes posibles del virus Sars-CoV-2 en  nuestro país la cuestión es saber cuántos turistas contagiados se filtraron al país por la  desidia de haber apelado a un laboratorio “trucho”.

No fue AA 2000 la única empresa allanada por el juez federal Luis Armella, también se realizaron investigaciones en las sedes de las firmas Sanity Care, LabPax y la Fundación San Lázaro. 

La Justicia buscará desentrañar la trama contractual por la que LabPax obtuvo una lucrativa tercerización de servicios de parte del Estado Nacional.

Para que LabPax y Sanity Care obtuvieran el negocio debieron recurrir a una fundación, San Lázaro, cuya sede se ubica en Virrey del Pino 3511 en el barrio de Belgrano donde, además, funciona el colegio Mekhitarista de Buenos Aires.

El titular de la fundación, organización sin fines de lucro, Carlos Potikian, fue el que estampó la firma con una de las monotributistas, Laura Nadia Viviana Cáceres. 

Pero para que se pudiera concretar el sueño del laboratorio propio con clientela cautiva se debía conseguir el permiso de la empresa concesionaria de las terminales aeroportuarias, Aeropuertos Argentina 2000.

Para ello, se utilizó el antecedente de un convenio firmado en enero pasado por el cual AA 2000 le entregó un espacio a la Fundación San Lázaro para que montara un área que sirviera para realizar los hisopados de pasajeros que llegaban a Buenos Aires. De lo recaudado en los test se derivaba un 15% al hospital de la localidad de Ezeiza.

Este convenio, que lleva las firmas de Patricia Eurnekian y de Carlos Potikian, devino en la contratación de LabPax con el compromiso de entregar el 29,49% del total de la facturación a la fundación educativa que a su vez derivaría el 15 % de ese monto al hospital de Ezeiza.

Ahora bien, el magistrado interviniente debió, primero y de manera urgente, intervenir las operaciones de testeo en la terminal aeroportuaria con auditores de la Universidad Nacional de Avellaneda para asegurar que no exista ningún tipo de filtraciones de pasajeros infectados con el virus hasta que Stamboulian Servicios de Salud se hizo cargo de las tareas el pasado 15 de mayo.

En una segunda etapa avanzará con la investigación de lo actuado en los allanamientos producidos en los primeros días del mes de mayo en donde ya se encontró con sorpresas.

Cuando las autoridades fueron a allanar LabPax se encontraron con niños jugando en una plaza en una soleada mañana otoñal. La dirección que figuraba en el expediente de la causa era la de una plaza pública. Voceros judiciales indicaron a NA que finalmente se dio con la sede de la firma donde se recabaron documentos que permitirían desagregar el entramado contractual  y económico del escándalo de los hisopados.