El Juicio a las Juntas Militares que habían gobernado la Argentina entre 1976 y 1983 fue un proceso judicial inédito en el país, que tuvo trascendencia internacional y fue ordenado por Raúl Alfonsín, primer presidente tras la restauración de la democracia.

Realizado en 1985, el juicio se llevó adelante contra los nueve miembros de las juntas militares que gobernaron el país durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (PRN) por delitos de lesa humanidad.

Uno de sus principales rasgos fue que lo llevó adelante la Justicia civil ante la inacción de la justicia militar, en medio de un contexto de inestabilidad económica y la amenaza latente de un levantamiento de las Fuerzas Armadas, que aún contaban con una fuerte influencia.

El 15 de diciembre de 1983, sólo cinco días después de haber asumido, Alfonsín firmó el Decreto Nº 158/83 que ordenaba impulsar el juicio, que se inició el 22 de abril de 1985, luego de que la Cámara Federal porteña, un tribunal civil, decidiera el 4 de octubre de 1984 tomar el juicio en sus manos por considerar un mal desempeño de la justicia militar que en primer término había sido la que tenía que llevar a cabo el juzgamiento de los militares, pero que hizo todo lo posible para evitar responsabilizar a sus pares por las graves violaciones a los derechos humanos que habían cometido.

Fue así que los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, miembros de la Cámara Federal porteña, finalmente llevaron adelante el juicio, mientras que Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo fueron los fiscales.

Entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985 se realizó la audiencia pública en la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de la Nación, proceso que duró 530 horas, en las que declararon 833 personas, entre familiares de las víctimas, ex detenidos desaparecidos, sobrevivientes y personal de las fuerzas de seguridad.

Por cuestiones prácticas, la innumerable cantidad de delitos (superaban los diez mil) se redujo a 709 casos presentados, de los cuales el tribunal decidió examinar solo 280.

Durante el juzgamiento quedó demostrado el plan sistemático de represión ilegal por parte de las juntas militares, la desaparición forzada; la privación ilegítima de la libertad; los interrogatorios bajo tortura, en muchos casos seguidos de muerte; los centros clandestinos de detención; el robo de bebés y el ocultamiento de esas acciones.

Estas prácticas ilegales sucedieron en todo el territorio nacional y también quedó clara la responsabilidad de los jerarcas militares.

Los testimonios fueron estremecedores, sin embargo la influencia militar de aquellos años hizo que el juicio no se televisara y solo se emitiera un resumen diario de tres minutos y sin audio en los noticieros nocturnos. 

En paralelo, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) –presidida por el escritor Ernesto Sábato–, funcionó con el objetivo de investigar las violaciones de derechos humanos, particularmente las desapariciones, ocurridas durante el mismo período. 

Las declaraciones y testimonios recogidos por la comisión se volcaron en un informe publicado en 1984, el histórico "Nunca Más", prueba principal utilizada en el juicio.

El 9 de diciembre de 1985 fue el día del veredicto, en el que el tribunal consideró que las juntas militares habían elaborado un sistema represivo ilegal, que incluyó la comisión de "gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios", garantizando su impunidad.

Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución; Roberto Eduardo Viola, a 17 años de prisión; Armando Lambruschini a 8 años de prisión y Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses de prisión, todos con destitución.

Por otra parte, Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.

El fiscal Strassera cerró su alegato con la reconocida frase: "Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, Nunca más".