El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla se declaró “incompetente” para tramitar una denuncia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por los chats entre Silvio Robles -secretario del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti- y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

“No puede ignorarse que las dos personas mencionadas en la denuncia son dos funcionarios que habrían cometido los delitos señalados a partir de su desempeño en la Corte Suprema y en el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, dos organismos con asiento en esa Capital Federal”, advirtió el juez de La Plata.

Kicillof denunció la supuesta connivencia entre Robles y D’Alessandro para acordar la sanción de una medida cautelar por parte de la Corte que favoreció a la Capital Federal en el reparto de la coparticipación federal, que –argumentó- perjudicó a la provincia de Buenos Aires.

“No existen controversias acerca de que el hecho denunciado se ha iniciado, transcurrido y consumado en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es en esa jurisdicción –y no en otras– donde ha transcurrido la totalidad del iter criminis y las conductas con presunta relevancia típica”, entendió Ramos Padilla.

El juez Ramos Padilla también se declaró incompetente en la causa por los chats entre Robles y D’Alessandro

Durante la feria judicial de enero, otra denuncia –formulada por un abogado particular- fue archivada por el juez de Comodoro Py Sebastián Ramos, a instancias del fiscal Carlos Stornelli.

A diferencia de ese criterio, Ramos Padilla expresó en su declinatoria de competencia: “con las probanzas acumuladas a este expediente, no me es posible dictar el archivo de las actuaciones. (…) No sólo ello no me fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que calificó los hechos denunciados como de gravedad institucional, sino que, además, tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D´Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal”.

El juez advirtió también que la denuncia (al igual que otras que realizaron gobernadores de otras provincias) podrían ser de “competencia originaria” de la Corte Suprema, es decir que el máximo tribunal fuera el único encargado de investigar si existió o no delito en el vínculo entre Robles y D’Alessandro.

“Es el funcionamiento de la propia Corte Suprema y el modo en que ésta eventualmente habría afectado a las provincias, lo que aparece como eje principal de la actividad reputada como ilegal y sujeta a investigación; y ello más allá de lo que develen los chats o la prueba con la que se intenta probar esos ilícitos”, resumió el juez platense.