Los magistrados Mariano Hernán Borinsky -como Presidente- y el doctor Daniel Antonio Petrone, decidieron hacer lugar a un recurso de la Cámara de Casación Penal interpuesto por el fiscal Carlos Stornelli y anularon la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que había apartado al juez Julián Ercolini de la causa "Puf".

Se trata del mismo magistrado que años atrás, incautó la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el marco de la investigación de los hoteles y negocios inmobiliarios de la familia de la vicepresidenta de la Nación.

En este expediente, el fiscal de la causa Cuadernos, Carlos Stornelli, es querellante e insistía con que se llegase a una resolución en la causa "Puf" y que continúe investigando el juez Ercolini, uno de los más resistidos por Cristina Kirchner.

En este caso, conocido como “Operación Puf”, el doctor Juan María Ramos Padilla había solicitado el apartamiento del juez Ercolini, a cargo de la instrucción. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada de forma unipersonal por el doctor Roberto Boico, ex abogado de Cristina Kirchner, había dispuesto hacer lugar a la petición de Juan Ramos Padilla, juez militante, padre del ex juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde surgió el “Puf”.

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En enero de 2019, seis meses después del comienzo de la investigación por la causa Cuadernos, un supuesto chacarero llamado Pedro Etchebest, se presentó en el juzgado de Ramos Padilla (h) en Dolores asegurando que había sido extorsionado por agentes de inteligencia de la DEA en complicidad con el fiscal de la causa Cuadernos, Carlos Stornelli. La denuncia y el material audiovisual era publicado, horas después, en el portal oficialista de Horacio Verbitsky.

En el marco de esa investigación, Ramos Padilla, cuestionó la verosimilitud de los cuadernos de la corrupción y el testimonio del imputado colaborador, Leonardo Fariña, clave en la causa “Ruta del dinero K” por supuestos dichos del “agente de inteligencia” Marcelo D´alessio.

Luego se comprobó que D´alessio no era agente de inteligencia de la ex SIDE ni de la DEA y que Stornelli había sido víctima de una operación de inteligencia. El armado de la causa “Dolores” se conoció por las escuchas telefónicas de presos por corrupción en el penal de Ezeiza que conocían que el chacarero Etchebest denunciaría a Stornelly al fallecido juez, Claudio Bonadío, antes de que el hecho se produjese.

Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte de Cristina Kirchner, y el diputado nacional, Eduardo Valdés, fueron los protagonistas de las escuchas que confirmaban que se armaba una operación en contra de los magistrados. Las escuchas habían sido autorizadas por el juez de Lomas de Zamora, Federico Villenas, que investigaba la venta de estupefacientes por “el rey de la efedrina” desde los penales de Ezeiza, específicamente, en el pabellón de los “presos de la corrupción”.

Ercolini deberá investigar si “el operativo Puf” fue financiado por empresarios procesados en la Causa Cuadernos y qué pasó con el denunciante original, Pedro Etchebest, que emigró del país y nunca más regresó.