Una andanada de denuncias penales y pedidos de juicio político contra el juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky asoman en el horizonte desde el próximo lunes en los tribunales.

Borinsky aparece en al menos 15 visitas a la Quinta Presidencial de Olivos durante el mandato de Mauricio Macri, en circunstancias compatibles con fallos que perjudicaron a la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El ex presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, consideró que la conducta de Borinsky es merecedora “cuanto menos” un motivo de enjuiciamiento.  “El código procesal civil dice que lo que hizo Borinsky es causal de juicio político”, aseguró en declaraciones radiales.

Por su parte, los colegas de Borinsky que ya le habían pedido explicaciones e incluso la renuncia a la presidencia de la Cámara de Casación a Gustavo Hornos impulsarán una medida similar tras el feriado de Semana Santa.

Allegados a Borinsky reconocieron que las reuniones existieron pero las desvincularon de cualquier connotación que tuviera que ver con decisiones judiciales sino con la elaboración de un nuevo Código Penal.

“Macri convocó a Borinsky, a quien no conocía, a poco de asumir la presidencia para redactar un proyecto de reforma del Código Penal que quería presentar ante el Congreso”, explicaron colaboradores de juez, quien prefirió llamarse a silencio durante el fin de semana.

Fuentes judiciales revelaron que en los registros de ingreso a Olivos, Borinsky figura reiteradamente como concurrente a jugar tenis y paddle con Macri.

“Es su forma de relacionarse con funcionarios de este gobierno pero también del anterior. Así se vinculó con el secretario de Justicia del último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, Julián Álvarez, y con la ex ministra de Justicia Marcela Losardo”, explicaron los voceros del juez.

La visita privada de un juez a un funcionario público sobre el que eventualmente podría tener que pronunciarse en una causa judicial, o sobre su adversario político (ambas cosas ocurrieron en el caso) es una causal de juicio político por “mal desempeño”.

Además, también podría ser imputado por una serie de delitos, entre ellos “prevaricato” (fallar en contra de lo que manda la ley), tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Borinsky sostiene que su relación con Macri “nunca fue un secreto sino que era de dominio público” y, de hecho, en su entorno consideran que su situación es distinta a la de Hornos porque sus pares estaban al tanto de las reuniones para tratar la reforma al Código Penal.