Mientras el conflicto bélico suscitado en Ucrania tras la invasión de Rusia mantiene en vilo al mundo el entero, los engranajes de la política doméstica se aprestan a reanudar su actividad cotidiana tras el letargo parlamentario de los meses de verano.

En medio del feriado de carnaval del próximo martes 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández asistirá al Congreso para dar el puntapié inicial al año legislativo 2022, con la inauguración de las sesiones ordinarias y la expectativa puesta especialmente en el memorando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Parlamento nacional será entonces escenario del reencuentro entre el primer mandatario, su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el hijo de la líder del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, tras la renuncia de éste último como jefe de bloque en la Cámara de Diputados por estar en desacuerdo con los lineamientos del trato con el Fondo.

Fernández y Cristina volverán a mostrarse juntos en momentos en los que el ala "albertista" del Gobierno soporta una intensa embestida por parte de referentes del núcleo duro kirchnerista con motivo justamente del principio de entendimiento al que llegó la Argentina con el FMI por su deuda de alrededor de 44.500 millones de dólares con ese organismo internacional.

Se espera que el jefe de Estado, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, abogue por la unidad del oficialismo, pese a que largamente quedaron expuestas en las últimas semanas las tensiones internas, las fricciones y las fracturas que existen en el seno de la coalición gobernante.

A la luz de los acontecimientos, aquel desplante de Máximo Kirchner se constituyó en apenas el primer paso de un decidido intento del kirchnerismo por evitar que el acuerdo con el FMI se rubrique finalmente en los términos anunciados originalmente por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En este contexto, las nuevas fricciones y las desavenencias suscitadas en el FdT a partir del memorando de entendimiento con el Fondo propiciaron lisa y llanamente el fracaso de las sesiones extraordinarias que había anunciado el Gobierno para este verano en el Congreso, donde la actividad comenzará de manera formal en 2022 el martes venidero.

El año legislativo se iniciará, de todos modos, en medio de una densa incertidumbre en torno de la suerte que finalmente correrá el proyecto sobre el acuerdo con el FMI cuando tome estado parlamentario, dada la oposición que ejercen como fue dicho sectores del propio oficialismo dentro del FdT.

Para el núcleo duro kirchnerista, los requerimientos incluidos en el principio de entendimiento con el Fondo, en especial los relacionados con el ámbito fiscal -y que persiguen un ajuste por parte del Estado-, dinamitan las aspiraciones electorales del FdT con vistas a los comicios presidenciales de 2023 y robustecen, en cambio, las probabilidades de victoria de Juntos por el Cambio (JxC) en esa votación nacional.

Si bien el Gobierno no ha logrado mostrar un rumbo económico certero desde que Fernández tomó el mando en la Casa Rosada -más allá de que es cierto que su gestión se vio atravesada por un acontecimiento excepcional como lo fue y lo es la pandemia de coronavirus-, el pacto con el Fondo supone un nuevo escenario para el oficialismo en el ejercicio del poder.

Porque hasta el final del mandato las políticas económicas de la alianza gobernante se verían regidas por los lineamientos incluidos justamente en el acuerdo con el FMI y es ésta una situación -un condicionante- que genera ruido, preocupación e incluso malestar en filas kirchneristas.

Sobre todo porque la Argentina llega a esta instancia a partir de un préstamo multimillonario solicitado al Fondo por la anterior gestión, encabezada por Mauricio Macri, en busca de allanar su camino hacia una reelección, la que finalmente -como se sabe- quedó frustrada con la derrota en las urnas en 2019.

Al kirchnerismo lógicamente no le cierra la idea de restringir el gasto social y adentrarse en un plan de ajuste que podría afectar a sectores populares sobre todo de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano, allí donde el FdT y en especial Cristina atesoran su principal capital electoral, como quedó demostrado en los comicios legislativos del año pasado.

Esa votación nacional, justamente, propició un fortalecimiento de JxC en el Congreso, donde después de haber forzado a Máximo Kirchner y al FdT a morder el polvo en la discusión parlamentaria sobre el Presupuesto de 2022 en la Cámara de Diputados, ahora ese espacio buscará imponer su propia agenda de temas.

La derogación de la Ley de Alquileres y el impulso de los proyectos sobre Boleta Única y Ficha Limpia se ubican al tope de la nómina de iniciativas que la coalición opositora planea motorizar este año en el Parlamento, luego de que el oficialismo dejara de gozar del beneficio del "quorum propio" en el Senado -recinto liderado por Cristina-.

Por otra parte, a los estregones internos generados a partir del acuerdo con el Fondo en el FdT se sumó en los últimos días un nuevo acontecimiento discordante -en filas del oficialismo, al menos-, como lo es la inexplicable invasión de Rusia a Ucrania en momentos en los que el mundo a duras penas está comenzando a recuperarse de una devastadora pandemia de Covid-19.

El núcleo duro kirchnerista, que simpatiza con el régimen que lidera Vladimir Putin, ha mantenido silencio desde el inicio del conflicto armado en Ucrania, con Cristina a la cabeza, mientras que Fernández lamentó la "escalada bélica" y pidió a Rusia que "ponga fin a las acciones emprendidas", aunque se abstuvo de condenar la invasión y el derramamiento de sangre.

Incluso como un eslabón más su errática política internacional actual -y apenas días después de que el propio Fernández le propusiera a Putin en Moscú convertir a la Argentina en una "puerta de entrada" para Rusia en América Latina-, el Gobierno evitó en las últimas horas acompañar una declaración de la OEA que condenó enérgicamente el accionar ruso.

En la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Argentina mostró una postura similar a la expresada por Bolivia, Nicaragua e incluso Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, también se entrevistó con Putin en Moscú apenas días antes de que el líder ruso ordenara la invasión de Ucrania.

"Brasil es el principal socio comercial de Rusia en América Latina y el Caribe", dijo Putin, al término de esa reunión. En estas últimas horas, el ataque ruso a Ucrania parece haber ocasionado un peculiar escenario en estas latitudes en lo que se refiere a reacciones oficiales, con "paralelas ideológicas" que en definitiva parecen tocarse el final del camino.

Si bien se presume que el objetivo de Putin es derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky y evitar así que Ucrania se convierta en un terreno fértil, en el caso de un eventual ingreso a la OTAN, para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ubique misiles apuntando hacia el Kremlin a poco más de 500 kilómetros de distancia de Moscú, el panorama en torno de esta guerra en ciernes se mantiene verdaderamente incierto de momento.

Finalmente, de regreso a la Argentina, y en medio de un reclamo de la embajada ucraniana en Buenos Aires para que el Gobierno se pronuncie de manera más enérgica frente al conflicto, quien sí se manifestó en forma contundente al respecto fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El líder del Frente Renovador condenó en redes sociales lo que denominó como un "ataque e invasión" de Rusia a Ucrania y cargó contra Putin, al nombrarlo como un líder que no entiende de "principios democráticos", para tensar de esta manera aún más su relación -la de Massa- con el Instituto Patria.