La Cámara Federal porteña aceptó al gobierno porteño como querellante en una causa contra la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós por la situación de los presos alojados en comisarías de la Policía de la Ciudad.

Garrigós fue denunciada “por no haberse cumplido, desde el 20 de marzo de 2020, con el traslado y alojamiento definitivo de personas privadas de su libertad que se encontraban en Alcaidías y Comisarías de la Policía de la Ciudad”.

En ese expediente, el juez federal Sebastián Casanello le había rechazado al gobierno de la Ciudad el pedido para ser tenido como querellante en el expediente. La medida fue apelada por Augusto Ricardo Coronel, integrante de la Procuración General de la Ciudad, con el patrocinio de la abogada Mariana Sica.

El gobierno porteño le reprocha a Garrigós “tener alojados en las Comisarías de la Ciudad a personas que se encuentran esperando su ingreso al Servicio Penitenciario Federal, superando la capacidad de contención de personas en una Comisaría”.

“Es obvio que ello afecta de manera directa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sostenía el planteo. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi admitieron el pedido y con su voto mayoritario admitieron a la Ciudad como querellante.

“El Procurador General de la Ciudad tiene como atribución ejercer la defensa de su patrimonio y representarla en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses”, sostuvieron. El tercer integrante del tribunal, Mariano Llorens, votó en disidencia porque consideró que alcanzaba con el impulso de la fiscalía para seguir adelante con el expediente.