El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo del juez Roberto Gallardo que prohibió a las fuerzas federales intervenir en el operativo de seguridad prevista ante la marcha de mañana de los jubilados frente al Congreso, de la que también tomará parte la CGT.

La Ciudad, a través de la Procuración General, pidió que se revoque el fallo de Gallardo, al que consideró “nulo” y solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para mañana.

“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado”, señaló el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Agregó que en materia de seguridad debe analizarse “cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación”, y dijo que “lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.

La apelación considera “improcedente” la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.

La apelación argumenta que la medida del juez Gallardo fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa. La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento”.

Para el Gobierno porteño, el Juez se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

El recurso legal, que lleva la firma de Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad, sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal.