Asistimos por estos días a manifestaciones en todo el país por parte de trabajadores del equipo de salud que prestan servicios a personas con discapacidad afiliadas a obras sociales, porque cobran a 60 y hasta 120 días y hay cesación de pago. La Agencia Nacional de Discapacidad adjudicó el retraso a “problemas operativos”.

Desde mi rol de legisladora, y como integrante de la Comisión de Discapacidad en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, manifesté mi preocupación a través de una declaración firmada en conjunto con el resto de los legisladores de Vamos Juntos que integran la Comisión, ante la complicada situación que viven las instituciones y familias.

La falta de traspaso de fondos del Ministerio de Economía al Programa Federal Incluir Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad y a las Obras Sociales afecta directamente a las personas con discapacidad: estos recortes influyen en los más débiles.

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Ante este panorama, considero importante destacar el trabajo que viene llevando a cabo la ciudad de Buenos Aires, trabajo que implementé desde mi ingreso al Hospital Ramos Mejía. Desde que obtuve la jefatura del departamento perteneciente al área programática de dicho hospital, creé y organicé el equipo para la evaluación de las personas con discapacidad. Este grupo interdisciplinario, cuya coordinadora es la licenciada Nora Muñoz, evalúa los casos de las personas con discapacidad, los asesora en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los guía dándoles información sobre cómo poder atenderse y acceder a los distintos tratamientos que necesitan.

Ya siendo ministra de Salud, me aboqué a trabajar en pos de robustecer el Centro Integral de Evaluación y Orientación de la Discapacidad, que actualmente funciona en Piedras 1281, reforzando los equipos multidisciplinarios encargados de evaluar a los pacientes con el objeto de disminuir el tiempo de espera en los turnos para acceder al CUD. Del mismo modo, nos enfocamos en fortalecer distintas modalidades de atención en salud mental (Casa de Medio Camino, Polos de Inclusión, entre otros).

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Nuestra ciudad tiene un sistema de salud fuerte. Cualquier ciudadano que la transita puede disponer de él. Desde la cartera que gestiona el actual ministro de Salud, Fernán Quirós, se continúa con la política de extender recursos a los que más lo necesitan, trabajo que pudo verse claramente durante la pandemia. Por ello, estas decisiones de recorte nos impactan a todos, pero mucho más al resto del país que se apoya en programas y en recursos que se distribuyen desde el nivel nacional.

Las medidas económicas indican que hay un ajuste que implica miles de millones de pesos. El Gobierno nacional, a través de su “superministro” Sergio Massa, está suspendiendo tratamientos y cortando casi todas las prestaciones a las personas con discapacidad. Una doble vara que se dirime entre lo discursivo (“No hay ningún ajuste”) y la realidad que afecta hoy a miles de familias. Los chicos /chicas, los más vulnerables, no merecen este maltrato. La política no puede mirar para otro lado.

(* - Ana María Bou Pérez es legisladora porteña de Vamos Juntos).