El Gobierno nacional aceptó hoy mantener como empresas públicas a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Pública, la moratoria previsional y activar las obras públicas que se realizaron hasta en un 80 por ciento, que no se disuelvan organismos vinculados  a la cultura, así como garantizar el financiamiento para cumplir del Plan Nacional de Ciencia 2030, en el marco del debate de la sesión especial sobre el proyecto de la ley Bases.

El senador libertario Bartolomé Abdala anunció esta tarde los cambios que se impulsarán en la discusión en particular de la ley Bases que eran reclamados por los diputados de los bloques dialoguistas que apoyarán la ley Base, ya que el oficialismo corría riesgo de perder la votación de estos artículos.

En el caso de las privatizaciones totales no solo se le iban a caer la de Aerolíneas Argentinas y RTA sino las de Enarsa e Intercargo y en las de concesiones parciales se iba a estar imposibilitado de incorporar capital privado para Aysa, Trenes, Vialidad Nacional, y Belgrano Cargas.

De esta manera, el Gobierno solo podrá promover privatizaciones, concesiones o Programas de Propiedad Participada de Enarsa Intercambio, Aysa, Trenes, Vialidad Nacional, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica Argentina, y el complejo de Yacimientos 
Carboníferos Fiscales.

Otro punto donde el oficialismo debió ceder es en el tema jubilatorio donde viene sufriendo varios traspiés, primero la Cámara de Diputados aprobó una ley para definir un nuevo esquema de actualización de los haberes diferente al DNU dictado por el 
Gobierno Nacional, y ahora a pedido de la senadora cordobesa Alejandra Vigo tuvo que proponer la eliminación del capítulo de previsional.

De esta manera se mantendrá la moratoria que permitía hacer un plan de pagos para comprar aportes para llegar hasta los 30 años, y se elimina el mecanismo para jubilarse cobrando una prestación proporcional menor al haber mínimo.

El Gobierno accedió a incluir un artículo para que se terminen las obras públicas que estuvieran ejecutadas en un 80 por ciento o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción.

Fija que  "en caso de que dichos contratos se hayan visto suspendido, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente y contratista, el que deberá ser 
aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de los 90 días de publicada la ley".

El oficialismo aceptó también incluir a otros organismos que no se podrán fusionar o eliminar como aquellos vinculados a la cultura, e incluir a la Comisión de Energía Atómica y establecer que se garantizará el financiamiento del Plan Nacional de Ciencia 
2030 sancionado el año pasado.

En el caso del RIGI, el oficialismo señaló que se busca morigerar el procedimiento para la aprobación de los Proyecto de Vehículos Únicos (VPU) con el objeto de evitar que por "cuestiones de estricto rigorismo formal se rechacen proyecto o la administración incumpla plazos de por si, muy exiguos.   Ahora se establecerá que tras la presentación de VPU la autoridad de aplicación tendrá un plazo máximo de 45 días, y que lo deberá comunicar dentro a los inversionistas dentro de cinco días hábiles.

Además, se determinó que la autoridad de aplicación podrá solicitar información complementaria que resulten indispensables para analizar la viabilidad y factibilidad del proyecto "en función de sus características e incluso podrá citar a una con los 
representantes del VPU". En ese caso el plazo previsto que tiene la Autoridad se suspenderá hasta que se presente la información complementaria.