El Gobierno nacional cuestionó al fiscal general ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, por un error que beneficia a acusados de crímenes de lesa humanidad en la causa ESMA Unificada.

El pasado viernes la Sala II de la Cámara de Casación, compuesta por Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, declaró desierto el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal debido a que fue presentado fuera del plazo previsto legalmente.

Pleé debía sostener la apelación original del fiscal del juicio, Abel Córdoba, quien cuestionó algunos de los puntos de la sentencia dictada en 2017 por el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires, como el rechazo a la acusación por delitos sexuales y seis absoluciones, entre las que figuran la del exsecretario de Hacienda Juan Ernesto Alemann y los pilotos de la Armada Emir Sisul Hess y Julio Alberto Poch.

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Por pedido de las defensas de los imputados, la alzada consideró que la presentación fue extemporánea y no tendrá en cuenta el recurso del Ministerio Público Fiscal durante las audiencias que se realizarán el 20 y 27 de octubre y el 3 de noviembre para escuchar los argumentos de las partes sobre la sentencia.

Ante esta situación, la Secretaría de Derechos Humanos manifestó su "preocupación" por la actuación del fiscal Pleé y afirmó que su proceder "deja un mensaje preocupante sobre una evidente falta de interés en sostener la persecución penal en un caso emblemático por crímenes de lesa humanidad como es ESMA Unificada".

El área a cargo de Horacio Pietragalla Corti es parte de la causa y mantiene su recurso junto a otras querellas. Ese juicio, que se desarrolló durante 5 años, abarcó crímenes cometidos contra casi 800 víctimas y por primera vez se logró acreditar ante la Justicia los vuelos de la muerte en ese centro clandestino de detención de la Armada.

"El Ministerio Público Fiscal es una parte esencial del proceso de juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado y tiene a su cargo la investigación y la promoción de la acción penal. La gravedad de lo ocurrido, en particular por tratarse de uno de los juicios más grandes que se realizaron en el país, vuelve necesario que haya una respuesta disciplinaria y se tomen medidas para evitar que vuelva a suceder", planteó la Secretaría de Derechos Humanos.