El Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional Guillermo Marijuan dialogó con Jonatan Viale, en Radio Rivadavia, sobre la denuncia que realizó contra Gabriel Solano: “Existen informaciones públicas que se estarían pidiendo porcentajes de los planes sociales” expresó, y agregó “No se puede pedir exigencia alguna por estar, permanecer o conseguir un plan”. 

“Esto tiene que ver con la falta absoluta de control que existe por parte del Estado Nacional respecto de la situación de las personas que tienen planes sociales”, dijo el fiscal.

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Y continuó: “Llegamos a esta situación donde muchas personas están registradas para recibir un plan social y no tienen el debido control”. Sobre quien controla en la actualidad los beneficiarios de planes sociales señaló: “En la norma actual el Estado Nacional le delega a organizaciones no gubernamentales el control de estos planes”.

“Hay que solucionar esto desde el Estado Nacional”, finalizó Marijuan, que denunció penalmente a los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de “amenazas y extorsión”, en el marco de un supuesto cobro del 2% de lo que percibe cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo que pertenece a esa agrupación política.

El abogado se basó sobre un artículo publicado en el diario Clarín el 13 de junio pasado y en declaraciones de Solano, quien manifestó que “en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan”. “Ese 2% -añadió, según explica la denuncia- sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería”.

La denuncia, que recayó en el juzgado de la jueza María Servini, quedó registrada con el número 2078/2022. “Solamente de manera provisoria, las conductas habrán de encuadrarse en los delitos de amenaza y de extorsión”, indicó el fiscal.

“Según se desprende de la información periodística, los beneficiarios del plan ‘Potenciar Trabajo’ deben entregar a punteros políticos, en forma mensual, la suma de $500 de los $19.000 que cobran, debiendo además asistir a manifestaciones”, abundó. Marijuán propuso como medidas de investigación que “se libre oficio al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020”.

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A ambos ministerios, además, propuso reclamarles que hagan “saber si se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial”. En el mismo sentido, impulsó que “se solicite a los gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los Intendentes de cada Municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias en orden a los hechos ilícitos aquí develados”.

A la ANSES pidió que informe “cuáles son los requisitos que deben reunirse para acceder al programa ‘Potenciar Trabajo’, como así también cuál es la documentación que debe presentarse al efecto”.