El fiscal federal Ramiro González impulsó hoy la investigación por las supuestas irregularidades cometidas durante el gobierno de Cambiemos en la construcción de jardines de infantes, anunciados como parte de la campaña proselitista que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

El fiscal hizo lugar a una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), que pidió el desarchivo de la causa y propuso una serie de medidas de prueba basadas sobre la nueva documentación aportada en relación con presuntos sobreprecios.

“Habré de solicitar que se disponga formalmente la reapertura de estos obrados a efectos de poder investigar nuevos hechos que surgen de la presentación efectuada por la OA”, sostuvo el fiscal, en un escrito dirigido al juez Ariel Lijo.

La denuncia original había sido formulada en 2018 por la ex legisladora Margarita Stolbizer, pero fue archivada hasta que la OA aportó información sobre supuestas irregularidades en las licitaciones, adjudicadas a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) sospechada por supuestos vínculos con funcionarios de gobierno.

Mientras los pocos jardines que se construyeron tuvieron un presupuesto de casi 1.500 dólares el metro cuadrado, cuando el valor de mercado de las construcciones trepaba, como casos testigos, a 870 en Buenos Aires, 675 en Salta y 708 en San Juan.

La OA calculó que el perjuicio patrimonial contra el Estado orillaba los 705 millones de pesos.

El 5 de marzo pasado, el actual ministro de Educación, Nicolás Trotta, aportó documentación de la OA  sobre informes efectuados por la auditoría interna de la cartera educativa.

“Deberá profundizarse la pesquisa a fin de determinar si existieron irregularidades respecto al recupero de anticipos, recupero de acopios, ejecución de garantías, acciones sumariales y resguardo de obras en el marco de las Licitaciones Públicas Internacionales”, consideró el fiscal.

A partir de la documentación allegada ahora al viejo expediente –añadió González- “se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias a efectos de determinar la relevancia jurídico-penal de las conductas aquí investigadas, y en su caso, deslindar las correspondientes responsabilidades”.

“Considero que la presente investigación debe orientarse a corroborar si existieron -en el marco de las licitaciones internacionales (todas del año 2016) irregularidades” en sintonía con la denuncia, añadió el documento.

“A raíz de los nuevos elementos probatorios aportados por la OA, los delitos que podrían verse configurados,  como así también el carácter de los funcionarios públicos que podrían estar involucrados, es que solicito que disponga formalmente la reapertura de estos obrados”, insistió.

Entre las medidas de prueba propuestas por el fiscal figuran “las certificaciones respecto a los procesos relativos a los concursos preventivos de las firmas Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL”, que participaron en las licitaciones.

Además, emplazó al Ministerio de Educación a que amplíe la documentación que ya presentó.