El Tribunal Oral Federal número siete debe resolver en los próximos días si declara “prescripta” por violación a la garantía de ser juzgado en un “plazo razonable” una causa en la que aparecen imputados los ex intendentes porteños Carlos Grosso y Saúl Bouer; el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y estuvo acusado hasta su muere el ex presidente Carlos Menem.

El propio Grosso formuló el planteo de extinción de la acción penal, habida cuenta de que los hechos se remontan a 1992, pese a lo cual hace sólo una semana el tribunal habilitó la “instrucción suplementaria”, el paso previo a la realización del debate.

Los imputados están acusados por haber vendido en 1992 la plaza Salvador María del Carril, situada en proximidades de la estación de trenes de Retiro, a una empresa por 400 mil dólares.

fiscal federal Diego Velasco rechazó el planteo de Grosso y consideró que el tribunal oral debe fijar fecha para el debate, pero el ex intendente porteño refutó esos argumentos e insistió en la prescripción.

Según la acusación, todos los ex funcionarios y el comprador del predio-  están sospechados de “haber intervenido en la venta ilegítima por parte del Estado Nacional de un predio de dominio público y afectado a dicho uso”.

“Un bien de dominio público del Estado Nacional como es una plaza fue enajenado sin ser desafectado en legal forma como ‘bien de dominio público’, causando ello un perjuicio al erario público”, sostiene la imputación.

“Nuestro país ha asumido compromisos internacionales vinculados estrictamente con el problema de la corrupción”, subrayó el fiscal Velasco.

En ese sentido, resaltó “el interés y la preocupación que las legislaciones nacionales e internacionales tienen respecto de la utilización de la prescripción como llave de impunidad frente a estos sucesos, que se basa en la posibilidad siempre latente de que los delitos cometidos al amparo del poder puedan generar resortes que dificulten su persecución”.