El ex camarista Eduardo Freiler formuló la primera denuncia contra Macri por las armas a Bolivia
También imputó a Patricia Bullrich, Aguad, Faurie, el ex titular de Gendarmería y el ex embajador argentino en La Paz por contrabando agravado en un contexto de "lesa humanidad".
El ex camarista federal Eduardo Freiler denunció hoy penalmente a la plana mayor del gobierno de Cambiemos por el presunto envío ilegal de armas a Bolivia durante la crisis que forzó la salida del presidente constitucional Evo Morales y ungió en el poder de facto a Yanine Añez.
La denuncia apunta al ex presidente Mauricio Macri, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex canciller Jorge Faurie, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex jefe de Gendarmería Gerardo Otero y el ex embajador en Bolivia Normando Álvarez García.
Freiler presentó la denuncia a título personal, después del horario de cierre de atención al público en tribunales (razón por la cual el expediente aún no tiene asignado un juzgado) y se convirtió así en la primera causa que tramita oficialmente por los episodios conocidos a finales de la semana pasada por denuncia del actual gobierno boliviano.
Tras enumerar toda la bibliografía periodística de los últimos días y citar documentos exhibidos públicamente por los gobiernos de Bolivia y Argentina, Freiler consideró que “estas acciones dadas con el objetivo de coordinar y maximizar la acciones represivas fueron probablemente coordinadas con otros estados, pero indefectiblemente debió ser necesariamente coordinada con Bolivia con la debida anticipación, lo que ubica el comienzo de la ejecución del delito en un tiempo muy anterior al 12 de noviembre de 2019”.
Esa es la fecha en la que, según la justificación de los ex funcionarios, la Argentina envió a tropas de elite de Gendarmería (el grupo Alacrán) para proteger a la Embajada y a los periodistas y funcionarios que allí se refugiaron.
Freiler consideró que el delito que debe investigarse es el de “contrabando agravado”.
Pero aclaró que “su perpetración por sujeción a un objetivo mayor como lo es colaborar con un golpe de estado de un país extranjero implica violar normativas internacionales que estipulan el principio de no intervención”.
Ante ese escenario, sostuvo que los acusados pudieron haber cometidos delitos considerados como de “lesa humanidad”.