En una economía desquiciada por la inflación, altamente regulada por el Estado, a cuyos funcionarios parece no interesarles el concepto de ajuste por inflación a la hora de celebrar contratos por concesiones públicas en la CABA y con licitaciones sospechadas de estar dirigidas desde un primer momento para corroborar que el denominado “capitalismo de amigos” goza de buena salud en la Argentina, se suman los efectos de una pandemia que arrasó con las chances de crecimiento de la empresa de alquileres de oficinas virtual We Work, y que derivaron en una oportunidad de oro para la empresa Anker Latinoamérica S.A. fundada por Luis “Toto” Caputo y, su hermano, Flavio Caputo y que cuenta con la participación societaria de Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas de la Nación, durante la administración de Mauricio Macri.

Es el mismo gobierno del que formó parte Luis “Toto” Caputo cuando fue nombrado ministro de Finanzas a instancias del “amigo del alma” de Mauricio Macri, el influyente Nicolás “Nicky” Caputo, que, además, cultivó la amistad del actual Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al que apoyó en la compulsa por la candidatura presidencial de Juntos que finalmente se dirimió a favor de Patricia Bullrich.

Si bien la empresa Anker Latinoamérica S.A. fue fundada en el año 2020 y “Toto” Caputo ya se había alejado de la función pública a nivel nacional para retornar a su actividad privada, la licitación nacional e internacional lanzada por el Gobierno de la Ciudad para desarrollar un nuevo polo comercial y gastronómico en el estacionamiento ubicado sobre la avenida Dorrego, frente al Hipódromo de Palermo, fue otorgado a un “tapado”.

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En enero de 2020, en plena pandemia de Covid-19, la licitación organizada por el gobierno porteño fue ganada por la unión de dos empresas Masbor SRL, desconocida en el mundo de los desarrolladores locales, y BSD Grupo Asesor, con una trayectoria de construcción de torres y edificios de condominio residenciales, que ofrecieron convertir el predio en un espacio de usos múltiples que combinará gastronomía, deportes y comercios reunidos en el desarrollo denominado Ámbito Gigena y que debiera inaugurarse este año.

En el camino quedaron firmas del mercado inmobiliario muy conocidas como el grupo desarrollador inmobiliario IRSA de Eduardo Elsztain y las firmas Miavasa, LGMF y Line Ocampo.

La idea de los vencedores de la licitación era financiarse a través de la empresa estadounidense We Work, líder en coworking, fundada en 2010, y que tras el paso de la pandemia y, fundamentalmente, de las restricciones de las cuarentenas obligatorias ordenadas por los estados, no logró recuperarse de la recesión y paso de ser una de las empresas emergentes más preciadas del mundo, con una valoración de 47.000 millones de dólares a 446,8 millones de la misma moneda en un lapso de cuatro años.

Frente a esta debacle de los posibles socios americanos surgió la opción de los hermanos Caputo.

Su empresa, Anker Latinoamérica, se encargó de organizar un fideicomiso para reunir inversores que suplantaran a We Work, el socio caído en desgracia.

El grupo asesor BSD consintió en la idea de “Toto” Caputo de realizar un proceso de oferta pública, transparente y con todas las operaciones en blanco, aunque poco se sepa de la identidad de los cerca de 40 inversores que entraron en el negocio cuyas identidades están protegidas por el secreto bursátil.

Beneficio de la privacidad que se logra por haber invertido en pesos a través de la compra de bonos atados al dólar oficial, los denominados en la city financiera, bonos dólar link.

La verdad es que en Anker no se deben haber esforzado mucho para convencer a los inversionistas de las bondades de la licitación pública. Se estima más de medio millón de dólares de ganancias en alquileres.

El Jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, afirmó que el "predio va a tener 4.400 metros cuadrados con senderos peatonales, un nuevo polo gastronómico, locales y oficinas" y señalando que es otra de las iniciativas de la Ciudad para generar "pulmones verdes".

La dirección de la constructora del proyecto, con una inversión total cercana a los 14 millones de dólares, representa otro indicio de la influencia de la familia Caputo en el negocio inmobiliario.

La empresa que está a cargo es Coinsa, dirigida por Martín Maccarone, al que “Toto” alquilaba oficinas para su empresa anterior, Axis Inversiones.

En un informe institucional, Coinsa sostuvo que se dedicarán 15.000 metros cuadrados a oficinas de alquiler y otros 1.700 a locales comerciales, los que valuados a 30 dólares el metro cuadrado se calcula una facturación de 556.000 dólares al mes.

El DiarioAR reportó que “...entre el 15% y 20% de los ingresos de Paseo Gigena serán aportados por los alquileres de los restaurantes, atados a porcentaje de ventas. De esta forma, se podrán recaudar los pesos para pagar a la Ciudad”, afirmaron en Anker.

Para los inversores se trata de un proceso de siete años para recuperar su apuesta y una vez que los ganadores de la licitación hayan cumplido con los inversionistas, BSD percibirá el 30% de los alquileres y el 70% restante será para los ellos. Siete años de espera y ocho años para recaudar porque la concesión es a 15 años y con posibilidad de prorrogar por otro lustro más.

Si bien la empresa de Caputo y Bausili cobra honorarios por realizar el “Fideicomiso Dorrego y Libertador” lo cierto es que su influencia es mayor a la implementación del instrumento financiero.

Sin Anker, la obra es muy posible que no hubiera avanzado y el desarrollador inmobiliario debió recurrir al mercado de capitales para que la mole de cemento no se convierta en un nido de alimañas.

La historia del espacio Gigena siempre fue conflictiva.

El control del predio fue retomado por la Ciudad a mitad del año 2019, luego de que se lo expropiara a la sociedad a cargo del Hipódromo de Palermo y que se convocara a una licitación para adjudicar la construcción de un nuevo polo gastronómico y comercial en esa zona que linda con el Paseo de la Infanta en el marco de un proyecto por el cual se invertirían cerca de u$s14 millones.

En 2007, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Telerman, se lo cedió al hipódromo, concretamente a la compañía HAPSA, de manera gratuita y por un lapso de cinco años. Sin embargo, fue Mauricio Macri quien derogó el decreto por supuestas irregularidades en la operación.

La empresa propiedad del empresario Federico de Achával recurrió a la justicia y continuó gestionando el control del garaje. Luego, la Legislatura porteña aprobó una ley para permitir la creación de un nuevo centro comercial y paseo público.

Ahora bien, hay vecinos y ONGs que están decididos a litigar para frenar la apertura del espacio teniendo en cuenta que la ley nacional 24.257 prohíbe otorgar permisos de uso o concesiones en la zona del Parque Tres de Febrero.

Para los vecinos, la iniciativa sostenida por la financiera de los Caputo, se trata de un nuevo avance inmobiliario sobre los bosques de Palermo.