El Consejo de la Magistratura aprobó hoy una declaración de “enérgico rechazo a las acciones de espionaje e intrusión en ámbitos privados a diferentes magistrados y magistradas del Poder Judicial”, en el marco de la causa por actividades ilegales de inteligencia durante el gobierno de Cambiemos.

“El Cuerpo ha tomado conocimiento, en ejercicio de sus competencias, de la consistencia de tales conductas ilegales que se investigan en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y ese ámbito se expresa la imperiosa necesidad de que se provea a su cabal dilucidación y juzgamiento”, reclamó el Consejo.

“Se trata de acciones evidentemente enderezadas a anticipar con fines espurios el conocimiento de los posibles modos de resolver de los magistrados en causas de notable trascendencia política e institucional”, añade el texto, aprobado por la mayoría de los consejeros.

El dictamen fue impulsado por el presidente del Consejo, el abogado Diego Molea, y suscripto por los consejeros Vanesa Siley, Mariano Recalde, Gerónimo Ustarroz, Juan Manuel Cullota, María Inés Pilatti Vergara, Graciela Camaño y Alberto Lugones.

Durante el debate se generó una áspera discusión entre el representante de Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli, y el juez Lugones.
Tonelli se opuso a la aprobación del documento argumentando que “no está acreditado” el espionaje ilegal durante el gobierno de su fuerza política.

“No se menciona nada de intromisión sobre los teléfonos ni nada de eso. En las actuaciones del juzgado de Lomas de Zamora y en esas actuaciones no hay constancia de intervenciones telefónicas. No podemos condenar cosas que no han existido”, propuso el legislador opositor.

Pero la diputada Graciela Camaño refutó con una situación que ella misma atravesó: “A mi secretaria le chuparon el teléfono y a mi letrado lo persiguieron en el exterior”.

“Yo entiendo la posición de Tonelli porque fue su gobierno el que hizo esto”, embistió.

Lugones, por su parte, terció: “acá no hay otra cosa que espionaje ilegal. Ocurrió”.

El texto finalmente aprobado manifestó “el absoluto compromiso de este Cuerpo en la defensa de la independencia e imparcialidad de los magistrados, al tiempo que se solidariza con los afectados y se pone a disposición para la recepción y trámite de cualquier petitorio o requerimiento que puedan formular en procura del mejor desempeño” de sus funciones.