El Consejo de la Magistratura resolvió hoy avanzar en el expediente sobre la conducta del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani, acusado de malos tratos y conductas misóginas contra colegas del mismo tribunal.

La consejera senadora María Inés Pilatti Vergara reclamó la declaración testimonial de las juezas Elena Catucci, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, presuntas víctimas del maltrato.

El Consejo dispuso también “realizar en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal una encuesta anónima de empleados y funcionarios a fin de verificar si Gemignani, aparte de los denunciados, ha cometidos otros hechos de violencia de género”.

Los trabajadores completarán un formulario anónimo que les preguntará si Gemignani “ha proferido alguna manifestación denigrante o discriminatoria hacia las mujeres en el ámbito laboral” y si trata en forma desigual a las mujeres en el ámbito laboral o ha hecho algún comentario Inapropiado hacia el género femenino o hacia el feminismo”.

La Comisión de Disciplina y Acusación resolvió, en ese contexto, pedirle a la Casación la certificación de un chat interno en el que, en un mensaje en el día internacional de la mujer, Gemignani expuso un texto en el que habló de “delincuentes”.

El consejero abogado Carlos Matterson propuso que la Cámara de Casación “informe si se ordenó certificar el contenido del chat considerado ofensivo y si se dio inicio a alguna actuación en relación a los hechos denunciados”.

El presidente del Consejo, el también consejero abogado Diego Molea, reclamó toda la documentación (copias certificadas y/o digitalizadas de las actas, resúmenes, certificaciones) sobre las expresiones proferidas en un grupo de Whatsapp que compartían los jueces del tribunal denominado “Acuerdo Virtual”.

Gemignani fue denunciado por su conducta por el sindicato de trabajadores judiciales SITRAJU, por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJA) y por el Ministerio de las Mujeres, a cargo de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.

Sobre ese planteo, el consejero juez Alberto Lugones pidió establecer si tras esas denuncias –independientemente del hecho en sí- “se labraron actuaciones como consecuencia de los mensajes en las notas periodísticas o del requerimiento efectuado por el Ministerio de Mujeres”.

Además, pidió al presidente de la Casación, Gustavo Hornos, “que certifique los mensajes vertidos en ese chat, ya que él también forma parte de ese grupo de whatsapp”.

La consejera diputada Vanesa Siley propuso que la Corte Suprema informe si Gemignani “realizó capacitación en género durante los años 2019 y 2020 conforme la ley Micaela”.

Gemignani, según dispuso la Comisión, podrá controlar la prueba e incluso formular preguntas a las juezas citadas como testigos y supuestas víctimas.

Los consejeros también preguntaron a los gremios judiciales “si han tenido conocimiento de otros hechos de violencia de género cometidos por Gemignani y si han recibido quejas o manifestaciones por parte de funcionarios y empleados”.

“En el caso que se identifique a algún empleado o funcionario, será convocado a declarar ofreciéndole la posibilidad de hacerlo en forma reservada y sin convocar al magistrado denunciado”.