El Colegio Público de Abogados pidió la inconstitucionalidad de la ley que creó una nueva instancia de apelación
Se trata de una ley local que faculta al Tribunal Superior de Justicia porteño a intervenir en causas de los fueros nacionales en lo civil, comercial y laboral.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) reclamó ante la Justicia la inconstitucionalidad de la ley sancionada por la Legislatura porteña que habilitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal para intervenir en procesos del Poder Judicial nacional.
La entidad que nuclea a los abogados, con la firma de su presidente, Eduardo Awad, presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar para la suspensión de la aplicación de la norma, que virtualmente establece una nueva instancia de revisión de los fallos de los fueros civil, comercial y laboral.
“A través de una incomprensible ley de la Legislatura Porteña se crea una nueva instancia judicial que, amén de inconstitucional, encarece los procesos y los dilata indefinidamente en el tiempo”, sostiene la presentación, de medio centenar de páginas.
La demanda, patrocinada por los abogados Jorge Rizzo (ex presidente del Colegio) y Juan Pablo Echeverría, apunta a “obtener la tacha de inconstitucionalidad” de la norma.
“En estos tiempos de arrebatos y tentativas de copamientos de su preeminencia, son los magistrados el último recurso que le queda a la Nación para conservar y mantener la supremacía constitucional, protegiendo el Estado de Derecho”, subraya el escrito, de medio centenar de páginas.
La demanda, presentada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, advierte que “la inconstitucional norma arrasa con las garantías judiciales consagradas por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales”.
La acción judicial está dirigida “contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y sostiene que los artículos de la ley local “comportan una inexcusable violación del orden jurídico constitucional”.
El texto acusa a la Legislatura y al Ejecutivo porteños de “quebrantar principios constitucionales superiores, tales como el respeto al juez natural, el derecho de defensa y el debido proceso, pudiendo generar, además, una severa crisis institucional al avanzar sobre materias que pertenecen, de manera exclusiva, al Congreso de la Nación”.
El Colegio pidió que “se suspenda en forma inmediata la aplicación” de la normativa, “manteniendo el régimen vigente dispuesto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo que aquí se plantea”.