El avance de la campaña de vacunación supone para el Gobierno el primer espaldarazo significativo y realmente esperanzador en medio de una pandemia de coronavirus que en sus 15 meses de duración hasta el momento se ha cobrado más de 80.000 vidas en el país.

Con dificultades, demoras e incluso salpicado por denuncias sobre irregularidades, el plan para inocular a la población parece haber tomado ritmo finalmente, mientras la Casa Rosada procura lograr que ese envión se mantenga estable e incluso en aumento en las próximas semanas para comenzar a dejar atrás el tramo más severo de la epidemia y también pensando en las próximas elecciones.

En este sentido, el Frente de Todos (FdT) consiguió postergar un mes los comicios de medio término previstos para 2021, tras alcanzar un acuerdo con la oposición, y con la economía aún en terapia intensiva en medio de la pandemia, se aferra al progreso de la campaña de vacunación para oxigenar la gestión de Alberto Fernández y colgarse una cucarda a todas luces relevante.

En un año electoral, el acuerdo estratégico alcanzado con Rusia, y largamente promocionado por el Gobierno, para producir aquí vacunas Sputnik V significa un paso de gigante para las aspiraciones del oficialismo de imprimirle nuevos bríos al programa de distribución y aplicación de dosis contra el coronavirus en la Argentina.

El primer mandatario ruso, Vladimir Putin, que cabalga como presidente de su país montado en el sueño de perpetuarse en su rol de líder del Kremlin, terminó de consolidarse como un aliado clave para la Casa Rosada en la misión de obtener un suministro de vacunas a gran escala a fin de contener la embestida más hostil de la pandemia de Covid-19 este año.

Putin participó de una videoconferencia junto al jefe de Estado argentino para anunciar formalmente el trato con el laboratorio Richmond para comenzar a producir aquí Sputnik V en los próximos días: está previsto que esa compañía desarrolle unas 500 mil dosis por semana.

Horas antes de su reunión virtual con Fernández, el presidente ruso de dudosa moral había promulgado en su país una ley que prohíbe a quienes colaboran con organizaciones consideradas "extremistas" participar en elecciones, una medida criticada por los detractores de Putin y vista como una nueva herramienta para acallar a los partidarios del encarcelado líder opositor Alekséi Navalni.

En la Argentina, mientras tanto, la campaña de vacunación alcanzó en las últimas horas un récord de dosis aplicadas en un solo día, 356.454 en todo el país, de acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, y el avance del plan también supone para la oposición (doméstica) el desafío de rever su agenda de temas con los que procura interpelar al Gobierno.

Más allá de la polémica en torno de las negociaciones con el laboratorio Pfizer que aún persiste, el arco opositor verá reducido los márgenes de debate en torno del abastecimiento de vacunas si el programa oficial consigue finalmente ganar ritmo y sostener ese impuso en las próximas semanas.

Este probable nuevo escenario de confrontación con el Gobierno encuentra hoy a la principal fuerza de la oposición, Juntos por el
Cambio (JxC), en medio de una encarnizada disputa interna en torno de la integración de listas y candidaturas con miras a las elecciones legislativas que se avecinan.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, salieron en las últimas horas a alambrarle el terreno al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y también a su aliada María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense.

El foco de la discordia radica en la intención de Rodríguez Larreta de enviar a su número dos, Diego Santilli, a "jugar" en la provincia de Buenos Aires y a las ambiciones de Vidal de competir en la Ciudad: "Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente no ayuda a lo que nosotros necesitamos", enfatizó Bullrich.

Este pequeño estallido interno en JxC no debería sorprender tomando en cuenta que en el seno de la agrupación los principales referentes están dirimiendo espacios de poder. De todos modos, sí podría considerarse como inoportuno al momento en el que surgen a la luz este tipo de asperezas, tomando en cuenta la compleja situación sanitaria por la que transita el país.

En la actualidad, las máximas preocupaciones de la población continúan girando en torno de la pandemia, el empleo y la situación económica, en un contexto de crisis que no da la sensación de que vaya a otorgar una tregua en los próximos meses, pese a medidas que planea impulsar el Gobierno para "aliviar los bolsillos" antes de las elecciones.

Asimismo, un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que la Argentina demorará más de seis años en recuperar su PIB a los niveles de antes de la epidemia de Covid-19, al estimar que recién podrá alcanzar esa meta hacia la segunda mitad de 2026. Se trata de la proyección de restauración económica más lenta de todos los países que integran el Grupo de los 20.

Para la OCDE, la economía argentina crecerá este año un 6,1 por ciento y un 1,8% en 2022. De todas maneras, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional no se expande en términos reales desde 2010, cuando registró un incremento interanual de 10,125%, según datos del Banco Mundial.

La crisis, las dificultades para sostener el empleo y la inflación son aspectos con los que deberá lidiar el Gobierno en los próximos meses de este año electoral, en momentos en los que el nivel de aprobación de la gestión de Fernández se ubica en el punto más bajo desde que asumió como presidente, según una reciente encuesta de la consultora Management & Fit: las consideraciones positivas alcanzan apenas al 33,6% y las negativas, al 56,9%.

Finalmente, otro desafío que se le presenta al Gobierno a estas alturas de 2021 con vistas a las elecciones de medio término es lograr que pase inadvertida la interna entre la Casa Rosada y el Instituto Patria o que, al menos, esa intercambio de fuego amigo no suponga costos en material electoral.

Por ejemplo, el tironeo por los más de 4.000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG) que enviaría el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha levantado polvareda últimamente. En definitiva, ¿cuál será el destino de esos fondos? ¿Mitigar el impacto de la pandemia, como pretende el kirchnerismo, o afrontar compromisos de pago vinculados con la deuda externa?

“La definición final será del presidente”, dijo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante una exposición en el Senado. "Cualquier cosa que se determine va a ser para sostener y promover la actividad y el empleo", agregó de todos modos, dando a entender que el Instituto Patria podría estar ganando la pulseada.