La Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó el caso del atentado contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994, como una de sus causas a resolver, a instancias de una denuncia de la organización que agrupa a víctimas Memoria Activa.

La denuncia, patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales en 1999, apunta contra el Estado argentino por dos razones: no haber prevenido el segundo atentado antijudío (después de la voladura de la Embajada de Israel) y por la investigación judicial que impide, hasta hoy, justicia para las víctimas.

En septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un documento en el que confirmó la responsabilidad del Estado en la falta de prevención y posterior denegación de justicia en el atentado.

La CIDH recordó que “en 2005 el Estado aceptó su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva”.

El riesgo de un segundo atentado, subrayó el informe, “era real e inmediato, muestra de ello es que existían medidas de seguridad del lugar, y que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA”.

Ante ese escenario, “el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio”.

La CIDH concluyó que “los órganos estatales a cargo de la investigación cometieron graves irregularidades”, entre ellas “la deficiente preservación de la escena del crimen y la interrupción irracional de determinadas líneas lógicas de investigación”.

“En vez de impulsar seriamente la investigación y la sanción de los responsables, incurrió en serias falencias, irregularidades y desvío deliberado de la investigación. La prosecución de una hipótesis acusatoria fabricada por funcionarios estatales solo fue posible a partir de una actuación carente de imparcialidad por parte del juez a cargo de la instrucción y se convirtió en un factor que ocasionó que no se investigaran las verdaderas causas del atentado y todas las responsabilidades involucradas”.

“El Estado argentino –destaca el informe- violó el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas”.

La Comisión propuso a la Corte Interamericana que ordene al Estado argentino “conducir y llevar a término, de manera eficaz y dentro de un plazo razonable, la investigación de los hechos del caso, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de las graves violaciones de derechos humanos”.

Además, exigió “un acto de disculpas públicas para todas las víctimas del atentado; la realización, de actos conmemorativos que contribuyan a preservar la verdad y la memoria en relación con el atentado de la AMIA como un paso fundamental a la dignificación de las víctimas mortales y sus familiares; la realización de un documental audiovisual sobre los hechos del presente caso, sus víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares”.