El Administrador de la Corte que aportó un informe sobre la obra social en el juicio político fue desplazado de su cargo
Se trata de Héctor Marchi. La decisión la tomaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Lorenzetti, en disidencia, advirtió que se trata de "una sanción por un informe que no gustó".
El administrador general de la Corte Suprema, Héctor Marchi, fue desplazado hoy de ese cargo por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, y enviado a una suerte de ostracismo judicial a la Cámara de la Seguridad Social.
Los tres jueces que controlan el funcionamiento de la Corte Suprema resolvieron un reordenamiento interno con creación y supresión de reparticiones, que tuvo como dato saliente la remoción de Marchi, quien llevaba 15 años en el cargo, al que llegó con el aval de Ricardo Lorenzetti.
Justamente Lorenzetti, al votar en contra de ese desplazamiento, conjeturó que la salida de Marchi se debe a una “sanción” porque el funcionario presentó un informe crítico sobre irregularidades en la obra social de los judiciales ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Las anomalías detectadas y las sospechas de corrupción en la obra social judicial son una de las causales invocadas para el pedido de juicio político para los cuatro integrantes del máximo tribunal.
“Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la Obra Social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia”, proclamó Lorenzetti en su voto en disidencia.
“La verdadera razón (de la remoción) es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de Abril, que no parece gustar”, subrayó.
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda firmaron una Acordada en la que dispusieron “suprimir el Cuerpo de Auditores Judiciales, la Asesoría Jurídica, el Cuerpo de Auditores de Gestión y la Unidad de Auditoría Interna” y dispusieron “la creación de la Dirección General de Control Interno y Auditoría, bajo dependencia directa de pleno del Tribunal”.
Así, ese control interno y auditoría estará bajo la supervisión (y reportará) del tribunal cuyo funcionamiento debe monitorear para detectar fallas en su funcionamiento y eventuales actos irregulares.
Nuevamente, Lorenzetti votó en disidencia: “Si se trata de controlar el funcionamiento de la Corte de modo transparente, no se crearía una secretaría con un secretario que seguramente será una persona de confianza, sin concurso, con lo cual el control quedaría en manos de personas que dependen de los controlados”.
La Corte explicó las modificaciones de su estructura en que es “necesario dotar de mayor especialidad y autonomía funcional al órgano encargado de realizar el control contable, financiero y de gestión de la superintendencia que desarrolla como cabeza del Poder Judicial”.
“Resulta conveniente crear una Dirección de Control Interno y Auditoría, que integrará las funciones y competencias de la Unidad de Auditoría Interna y del Cuerpo de Auditores de Gestión, y que reportará al pleno del Tribunal a fin de asegurar la necesaria autonomía funcional respecto de las áreas controladas”, suscribieron los tres jueces que manejan una suerte de nueva mayoría automática en el tribunal.
Sobre el traslado de Marchi, dispusieron que “pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de la Seguridad Social atento a las necesidades de dicho fuero”.
La decisión incluye la “designación de los funcionarios que asumirán transitoriamente las responsabilidades de la Secretaría General de Administración y de la Secretaría Jurídica General hasta tanto se cubran definitivamente esos cargos”.
La Secretaría General de Administración –que ocupaba Marchi- “quedará de manera transitoria a cargo del titular de la Secretaría Judicial N° 1, Damián Ignacio Font”.
Lorenzetti reaccionó: “Se designa en su reemplazo a un secretario civil que no tiene ninguna experiencia en la administración, para desplazar a un funcionario que está hace quince años, que se desempeña con el aval de todos los ministros y sin objeciones”.
“El enojo lleva a la irresponsabilidad institucional con grave perjuicio para el Poder Judicial”, advirtió.
La Secretaría Jurídica General quedará también transitoriamente a cargo de Luis Sebastián Clérici.