El balance parlamentario del 2022 en la Cámara de Diputados muestra saldos positivos y otros que no tanto. En otro año dominado por la crisis política y la falta de diálogo entre oficialismo y oposición, el recinto se reunió 16 veces en total, aunque solamente fueron 11 sesiones en las que se trataron y votaron proyectos, muchos de ellos de gran tenor e importancia. Fueron 39 iniciativas votadas a lo largo del año.

Se superó por la mínima el registro del 2021 cuando el cuerpo se reunió 10 veces en sesión especial, aunque quedó detrás de la marca del 2020 cuando el recinto abrió las puertas 16 veces (sin contar las preparatorias, las informativas ni las sesiones en minoría). La particularidad es que los años 2020 y 2021 estuvieron marcados por las sesiones remotas, que permitían mayores facilidades para que los diputados pudieran conectarse y participar de las sesiones sin la necesidad de viajar a Buenos Aires.

El máximo hito de la gestión de Cecilia Moreau, quien asumió el 2 de agosto pasado tras el pase de su antecesor Sergio Massa al Palacio de Hacienda, fue la sanción del proyecto de Presupuesto 2023, con la apreciable suma de 180 votos.

Este logro cobra aún más relieve si se toma en cuenta que el año anterior, la oposición había dejado al oficialismo sin ese instrumento clave para la planificación económica. Massa llegó a confesar que llevaba ese fracaso en su gestión como "una cruz" y valoró que con Cecilia Moreau como sucesora se haya alcanzado un resultado tan contundente.

Fue el 26 de octubre pasado (en la sesión especial comenzada el día anterior), cuando además de sumar los votos de oficialistas y de las bancadas del medio, se agregaron a la cuenta las voluntades a favor de los dos bloques radicales: la UCR y Evolución Radical. El PRO, en cambio, se volcó mayoritariamente por la abstención y la Coalición Cívica por el rechazo, pero ya es anecdótica dicha distribución del voto opositor. En la memoria colectiva queda el categórica y rotundo número de 180.

Otro mojón en materia económica fue el alivio fiscal para pequeños contribuyentes y autónomos, que se sancionó por unanimidad el 15 de junio, y que permitió actualizar los topes de facturación por cada escala para evitar que salten de categoría y tengan que pagar más producto de la inflación.

Un sabor diferente dejó en el oficialismo la aprobación a comienzos del 2022 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que dicha sesión del 10 de marzo consumó la crisis del bloque del Frente de Todos, que ya se había anticipado con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia. En total fueron 51 legisladores oficialistas, entre La Cámpora y otros espacios afines, los que le dieron la espalda al proyecto por el que había trabajado el entonces ministro Martín Guzmán y que era pedido por el presidente Alberto Fernández. Para el kirchnerismo duro el refinanciamiento de la deuda, sin quita de capital ni intereses, significaba una entrega de soberanía y un condicionamiento brutal del programa económico a los términos de ajuste que imponía el organismo financiero prestamista. Fue quizás el punto más alto de tensión al interior de la coalición oficialista, con posiciones irreconciliables que implosionaron irremediablemente.

Luego estuvo en manos del santafesino Germán Martínez la tarea fina de recoger los jirones y de ponerle costura a la alianza desgarrada. El resultado fue positivo porque a fin de cuentas el bloque volvió a trabajar de manera unificada en cada una de las votaciones que sobrevinieron luego, aunque obviamente ninguno de los temas posteriores generaba el nivel de controversia y dramatismo que el que concernía al acuerdo con el FMI.    

El 5 de mayo se sancionaron las leyes de Desarrollo de Cannabis Medicinal y Cañamo Industrial, y la iniciativa de incentivo a la construcción mediante la prórroga de un blanqueo; en tanto que el 4 de julio la agenda de desarrollo productivo siguió con las aprobaciones de las leyes de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista, y la modificación de la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología. En el medio, el 16 de junio se aprobó la iniciativa para que los taxistas puedan renovar sus vehículos sin pagar IVA. 

Más acá en el tiempo, el 16 de septiembre, se aprobaron el Consenso Fiscal y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de seis impuestos nacionales que son medulares en la recaudación del Estado nacional. 

En la misma sesión quedaron sancionado proyectos como el de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería y la renovación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

En materia social también fue clave la aprobación de la ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual LTS y Tuberculosis TBC; así como la sanción el 4 de julio de la la Ley sobre Cuidados Paliativos (que obliga a las obras sociales a brindar una atención integral e interdisciplinaria a pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas o en las personas que se encuentren en la etapa final de su vida), y la aprobación en la madrugada del 6 de agosto del Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos.

El 8 de junio, la oposición unida logró sacar adelante un proyecto de ley de Boleta Única de Papel, pero el trámite quedó cajoneado en el Senado, donde no tienen la mayoría.

Con gran algarabía militante y pese al rechazo de Juntos por el Cambio, el 15 de junio Diputados dio un paso adelante con la sanción de la Prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para industrias e instituciones culturales y bibliotecas populares, una ley que el diputado Pablo Carro había trabajado con organizaciones vinculadas a la cultura. 

El 5 de julio, se aprobó un proyecto para la creación del Área Marina Protegida Agujero Azul, mientras que el 9 de septiembre se aprobó la ley Lucio que busca la capacitación obligatoria y permanente sobre maltrato contra niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la detección temprana de estas violencias.

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El 12 de octubre, Diputados avanzó con la media sanción del proyecto para la expropiación del edificio donde funcionó en el barrio de Balvanera el boliche Cromañón, para convertirlo en una espacio para la memoria de la tragedia que allí aconteció el 30 de diciembre de 2004 cuando murieron 194 personas.

El 27 de octubre se convirtió en ley la Prórroga y modificación del Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana, una iniciativa que había sido creada por ley durante la gestión de Cambiemos y luego actualizada este año con la ampliación del registro de barrios populares.

El 10 de noviembre se votó un proyecto sobre paridad e igualdad en el deporte, en el marco de una sesión accidentada en la que ya se habían retirado diputados del PRO. Más temprano, todos juntos habían votado las leyes sobre eximición de impuestos a las Ganancias para trabajadores de la Salud y la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

El 24 de noviembre pasado fue la última sesión que pudo celebrar la Cámara baja de manera efectiva, y se aprobó la ley de Alcohol Cero al volante. También quedó sancionada la ley Johanna, que busca contener a las mujeres y personas gestantes ante la muerte perinatal. Asimismo tuvieron sanción la ley de Lengua de Señas Argentina y la ley que actualiza las multas por el desecho de residuos peligrosos.

Cuentas pendientes

En el camino quedaron varios proyectos como la Ley de Alquileres, pese a que hay dos dictámenes firmados listos para tratarse. La paridad de fuerzas entre oficialismo y oposición hace que ninguno de los dos bloques tenga la correlación de fuerzas suficiente para imponer su propia versión.

En una situación similar quedó la ley de Humedales, frenada por el lobby de gobernadores. Aprovechando el conflicto de intereses dentro del propio espacio oficialista, Juntos por el Cambio se las ingenió para firmar un dictamen de mayoría con una redacción más moderada. Pero tampoco tiene el aval de todos los sectores de Juntos por el Cambio, que temen por el impacto productivo y económico de la medida, por lo que el debate quedó estancado.

Las reformas del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y de la ampliación de la Corte, todas iniciativas impulsadas por el Frente de Todos, están virtualmente frenadas y sin pista para avanzar.

La ley de promoción de la Agroindustria y el proyecto de Compre Argentino, ambas impulsadas por el Ministerio de Economía, quedaron pendientes, al igual que la creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI con dinero fugado al exterior, iniciativa que cuenta con media sanción del Senado. Tampoco tuvo mejor suerte la iniciativa para gravar la renta inesperada. Y sigue sin respuesta legislativa la angustiante situación de las hipotecas UVA.

Siguen sin luz verde la iniciativa de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como la Ley de Obstetricia.

En las últimas dos sesiones se frustró la creación de ocho nuevas universidades nacionales, al igual que la prórroga del programa de regularización de deudas previsionales. El temario de la sesión levantada el miércoles pasado también incluía los proyectos sobre la ley 22.990 de Sangre y de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para hijo en gestación o recién nacido, y el programa Federal Único de Informatización y digitalización de historias clínicas.