El Tribunal Oral número nueve convocó para el lunes 20 de setiembre a la audiencia de “últimas palabras” en el juicio por el homicidio del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, ocurridos en la madrugada del 9 de mayo de 2019.

Según determina la reglamentación que rige a los juicios orales, una vez completada la audiencia de últimas palabras, el tribunal debe dar a conocer ese mismo día el veredicto. Ello significa que el 20 de setiembre podría conocerse la decisión de los jueces Ana Dieta de Herrero, Fernando Ramírez y Luis Salas. Pero atento a que hay múltiples acusados por distintos delitos, aunque sólo dos por el doble homicidio, la audiencia podría desdoblarse en dos, con lo que el veredicto podría postergarse por algunos días más. Media docena de otros imputados afrontan cargos por encubrimiento.

En la última audiencia, el fiscal Ariel Yapur rechazó los planteos de las defensas sobre la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y las objeciones específicas a una de las pruebas utilizadas para la acusación de los dos acusados por el doble crimen. Se trata del hallazgo de “ADN de contacto” en el arma utilizada para el ataque, que sirvió de argumento para que el fiscal atribuyera a Juan Jesús Fernández la coautoría del doble crimen, pese a que no fue él quien disparó.

Juan José Navarro Cádiz, uno de los acusados, reconoció que fue él quien efectuó los disparos cuando estaba consumiendo alcohol y cocaína en el interior de un vehículo junto con Juan Jesús Fernández. El fiscal Yapur pidió para Fernández la pena de prisión perpetua mientras que para Navarro Cádiz  postuló una condena a  45 años de cárcel, por los delitos de “homicidio agravado por haberse cometido con alevosía y en forma reiterada y portación ilegal de arma de guerra”.

Sobre el ADN de contacto, el fiscal consideró que “no se incurrió en ninguna irregularidad procesal”, pese a que la defensa de Fernández argumentó que no había podido controlar ni participar de la producción de esa prueba. En cuanto a la pena de prisión perpetua, el fiscal estimó que “no es contraria al principio de resocialización o reinserción social”.