Ciertos sectores de los movimientos sociales comienzan a reconsiderar su participación dentro del Frente de Todos (FdT). El caso más paradigmático ha sido el de Juan Grabois. El líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) es cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sin embargo, ante sus rispideces contantes con el Gobierno Nacional y la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, con una política más ligada al mercado, parece decidido a romper con la coalición.

Sin Grabois, el oficialismo no solo dejaría de contar con un “administrador” entre las clases populares a las que moviliza, también tendría efecto a nivel legislativo. El dirigente social es, además, el titular del Frente Patria Grande, que cuenta con tres diputados nacionales en la Cámara Baja y aún forman parte del interbloque del FdT. De concretarse la ruptura, significaría la pérdida de la primera minoría, que pasaría a manos de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC).

Incluso antes de la llegada de Massa, Grabois se movilizó semanas atrás en el Puente Pueyrredón y abrió la polémica. “Hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”, desafió por entonces al presidente el hombre que supo ser cercano al Papa Francisco. Además, habló de que, en caso de que el Estado no universalizara mayores ingresos en las clases populares, existía la posibilidad de “saqueos”, una modalidad que a la Argentina le recuerda al estallido del 2001.

Con otras palabras y otro tono, en las últimas horas, la presión también la ejerció la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, cercana al dirigente del MTE. “Militamos para que se vaya [Mauricio] Macri y no tenemos respuestas para los sectores populares. Solo hay medidas para los sectores más poderosos”, cuestionó. Y anticipó: “No le vamos a firmar un cheque en blanco a un gobierno que no es 100% popular”.

Pese a que la llegada de Massa “enfrío” las tensiones internas en el gobierno, la crisis económica y social continúa en tiempo presente y las medidas anunciadas por el titular del Palacio de Hacienda anticipan una política basada en los capitales por encima de las asistencias. Entre otros anuncios, se confirmó la continuidad del acuerdo con el FMI, el congelamiento del ingreso de empleados públicos, el aumento de las tarifas energéticas y auditorias sobre planes sociales y establecimiento de períodos para su reconversión en puestos de trabajo.

Detrás de esa línea han pactado diversos sectores y socios del oficialismo. Incluso, en un acto de pragmatismo, el kirchnerismo duro parece haberle dado cierta potestad a Massa, un actor principal de la coalición gobernante pero también un antiguo rival de Cristina Kirchner, La Cámpora y cía en su momento. Ese gesto se tradujo con la renuncia de secretario de Energía, Darío Martínez, del riñón de la vicepresidenta, para que el ministro de Economía arme su propio equipo (asumió Flavia Royón al frente de la cartera).  

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La llegada de Massa a la Casa Rosada produjo un efecto de algarabía inusual. Sin embargo, algunos lo vieron correspondido, al interpretar al ex presidente de la Cámara de Diputados como “la última bala en la recámara” de un gobierno que naufragaba entre la inacción y la incertidumbre. Hace una semana, eso se vio en la masiva y variada presencia de invitados durante su asunción: gobernadores, sindicalistas, empresarios, militancia y famosos.

En el plano internacional, el pasado fin de semana, Massa almorzó con el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Fue uno de los pasos que el funcionario piensa dar en dirección al norte con el objetivo de recuperar las relaciones del gobierno argentino con los mercados internacionales, trabajar sobre la llegada de inversiones extranjeras al país y engrosar las reservas del Estado Argentino.

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Entre sus guiños al mercado, un tema que causa miradas de reojos entre los sectores sociales del oficialismo, el titular del Palacio de Hacienda ratificó el cumplimiento de la primera instancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmado en marzo último, cuyo objetivo bajar el déficit a 2,5% del PBI para fin de año. Viajará a Washington el próximo 29 de agosto y tiene previsto un encuentro con la directora gerente del organismo internacional, Kristalina Georgieva.

Tras la salida intempestiva de sus antecesores Martín Guzmán y Silvina Batakis, esta última quien duró tan solo 24 días en el cargo, de esta manera, Massa buscará hacer valer los vínculos de larga data que cosechó en los Estados Unidos a través de su carrera política. Entre sus contactos de confianza, se encuentra Juan González, el asesor especial del presidente estadounidense Joe Biden en asuntos relacionados con América Latina y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental. 

Como contrapartida, esta política ha ido corriendo de la agenda las medidas que las organizaciones sociales más radicales del oficialismo (entre las que no están el Movimiento Evita, que responde al presidente; ni La Cámpora, base de la vicepresidenta) reclaman para paliar la crisis, como el Salario Universal Básico. Presentado por el Frente Patria Grande, pretende que 7,5 millones de personas de entre 18 y 64 años que hoy consideran dentro de “los sectores sociales vulnerables” reciban un monto equivalente a los 15 mil pesos de la Canasta Básica Alimentaria.

A pesar de que este ingreso universal, que representaría un costo del 2,1% del PBI anual para el Estado, supo ser la bandera en el último tiempo del kirchnerismo, hoy ha perdido fuerza. De hecho, en los últimos días –en línea con el ajuste de las cuentas fiscales y el control de la emisión que pretende Massa– alfiles del Congreso de la Nación que responden a Cristina Kirchner presentaron una iniciativa alternativa: el ingreso mensual contra la indigencia.

Impulsado por la senadora oficialista Juliana Di Tullio (de Unidad Ciudadana), se trata de una asignación que también estipulada en el monto de la Canasta Básica Alimentaria, que el Indec estimó en $ 15.057 en el mes de junio. Sin embargo, su alcance será de 1,7 millón de adultos que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, ya sea jubilación o plan social y no cuentan con ningún bien. Es decir, un presupuesto que actualmente implicaría el 0,09% del PBI.

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Si bien el Frente de Todos parece haber alcanzado un punto de unidad, las organizaciones sociales que hoy se sienten disidentes no están dispuestas a ceder. Así lo dejó en claro el fin de semana el Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP, durante la procesión de San Cayetano, de la que participaron más de 200 mil personas, donde le marcaron la cancha el nuevo ministro de Economía.

“Se pusieron de acuerdo y ahora tenemos nuevo ministro de Economía que parece ser el resultado de una unidad en el Frente de Todos. Pero, por lo que se dijo en la presentación, parece que había mucha felicidad en los muchachos que tienen mucha plata. Que nos vengan a auditar de las universidades, van a terminar militando con nosotros”, manifestó y dejó la puerta abierta a nuevos conflictos en el oficialismo.