Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola saltaron a los primeros planos con el juicio por supuesta corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en especial a partir de una enérgica acusación y un pedido de pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la supuesta asignación irregular de contratos de obras públicas en Santa Cruz.

Luciani y Mola vienen recorriendo los pasillos de la Justicia desde hace años, aunque antes del juicio que hoy los tiene como protagonistas habían llevado a cabo debates de poca relevancia por no tener en frente a figuras políticas de primera línea.

Luciani llegó a Comodoro Py por decisión de la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó en 2013. Desde entonces, fue uno de los fiscales de juicio de Retiro que llevó adelante varios procesos, pero sin tanta repercusión.

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Sí tuvo un rol muy activo en la acusación contra la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable del kirchnerismo Romina Picolotti, acusada y condenada a tres años de prisión por fraude a la administración pública.

Por su parte, Mola ocupa el cargo de fiscal federal en Lomas de Zamora, una jurisdicción más que complicada al tener bajo la órbita un penal de máxima seguridad como la cárcel de Ezeiza y el aeropuerto internacional más importante del país.

El fiscal de zona sur fue convocado específicamente por Luciani para este juicio y también asumió un rol protagónico en el alegato. En ese contexto, detalló que las presuntas maniobras irregulares con la concesión de obras públicas en Santa Cruz hasta 2015 habían generado un perjuicio para el Estado de más de 5.321 millones de pesos. 

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Ambos fiscales fueron acusados por la Vicepresidenta de cierta connivencia con la oposición política, concretamente el macrismo. A Luciani por haber disputado un partido de fútbol en una residencia del ex presidente Mauricio Macri y jugar en el mismo equipo que uno de los jueces del tribunal que lleva adelante el juicio, Rodrigo Giménez Uriburu.

Sobre Mola los cuestionamientos giraron en torno de algunos ingresos que tuvo el fiscal al Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Patricia Bullrich, de igual modo que por visitas a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A raíz de las fuertes críticas que ambos funcionarios judiciales recibieron de parte del kirchnerismo, los dos fueron respaldados contundentemente por la Asociación de Fiscales y también por gran parte de Comodoro Py.