Dos especialistas en DDHH y una en delitos contra el PAMI, los jueces que habilitó la Corte
Fueron habilitados los juzgados de primera instancia de Pehuajó, Concordia y el número dos de San Fernando del Valle de Catamarca, que estaban pendientes en algunos casos desde hace 12 años.
La Corte Suprema habilitó tres nuevos juzgados federales de primera instancia en las localidades de Pehuajó, provincia de Buenos Aires; Concordia, Entre Ríos y San Fernando del Valle de Catamarca. Lo hizo mediante las acordadas 6, 7, 8, que firmaron los cuatro integrantes actuales del alto tribunal en su último acuerdo.
El juzgado de Pehuajó estará a cargo de Héctor Andrés Heim, quien actualmente se desempeña como fiscal en la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN).
El juzgado federal número dos de San Fernando del Valle de Catamarca estará a cargo de Guillermo Andrés Díaz Martínez, quien fue representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en tres juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que fueron juzgados en esa provincia.
El juzgado de Concordia, creado en 2010 pero hasta ahora nunca habilitado, será ocupado por Analía Graciela Ramponi, quien supo desempeñarse en la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y fue propuesta como magistrada por el ex presidente Mauricio Macri.
La Corte resolvió además la creación de cargos para las dotaciones de magistrados, funcionarios y personal administrativo, técnico y de servicio de estos juzgados. “La puesta en funcionamiento de un tribunal constituye una prioridad insoslayable”, sostuvo el máximo tribunal al disponer la habilitación de los juzgados. El objetivo –dijeron los jueces- es “proveer lo necesario para asegurar la correcta prestación del servicio de justicia”.