Las defensas de dos detenidos por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner pidieron hoy el desprocesamiento y la inmediata puesta en libertad por ausencia de pruebas que los vinculen con el hecho bajo investigación.

Agustina Díaz, la veinteañera amiga de la detenida Brenda Uliarte, y Gabriel Carrizo, el jefe de los fabricantes de algodón de azúcar “los copitos”, formularon el reclamo a través de sus abogados a los camaristas federales Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Los propios acusados (Carrizo presente en Comodoro Py 2002 y Díaz a través de la plataforma Zoom) también reclamaron a los jueces sus respectivas libertades.

Carrizo aprovechó la posibilidad que le brindaron los camaristas para aclarar que “siempre” le pasaba dinero a Jacquelín Mamani, su ex pareja y madre de un hijo en común, quien en la víspera declaró como testigo y afirmó que el jefe de los “copitos” le había dicho que le estaba por salir una fuerte fuente de ingresos económicos.

Más allá de esa situación familiar que se preocupó en aclarar, Carrizo les pidió a los jueces que “tomen la decisión correcta” e insistió en que los chats que lo comprometen con la organización del intento de magnicidio eran “una joda”.

“Nunca pensé que una joda así me iba a terminar llevando a la cárcel”, subrayó.

Díaz, por su parte, proclamó su ajenidad con el ataque a la vicepresidenta, también pidió a los camaristas que “tomen la decisión correcta” y les expresó: “quiero irme a mi casa”.

En cambio el abogado Marcos Aldazábal, en representación de la vicepresidenta, pidió que se confirmen los procesamientos con prisión preventiva, aunque admitió la posibilidad de que se reduzcan los embargos, de diez millones de pesos en cada caso.

El abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, cuestionó la actuación de la jueza de primera instancia, María Eugenia Capuchetti,  por denegarle la declaración de testigos que pudieron haber mejorado su situación procesal.

Además, criticó que la jueza hubiera mantenido “legajos reservados” a los que no pudo acceder como parte pero que, sin embargo, “se filtraron a la prensa”.

“Es muy grave. El juzgado no me los muestra para que pueda ejercer la defensa pero me entero de lo que dicen por la prensa”, se quejó.

Marano consideró que la jueza debió haber dictado una “falta de mérito” para Carrizo, pero ello hubiera derivado en su libertad y “la soltura de carrizo hubiera sido impopular”.

El abogado especuló que no lo hizo porque “se encontraba presionada”, y refirió en ese sentido que el presidente, Alberto Fernández, “la llamó por teléfono”.

“Eso es por lo menos una interferencia indebida. Aun cuando le creamos al presidente que la llamó para ponerse a disposición. A mí también me generaría una interferencia indebida si me llamara el presidente de la Nación”, resumió el abogado.

LEE: El Gobierno le respondió a La Cámpora y aseguró que el acuerdo con el FMI "no está caído"

“¿Qué hizo Carrizo en el supuesto plan para matar a la vicepresidenta? No me lo dicen”, subrayó.

Por su parte, el abogado Pedro Molina, defensor de Díaz, consideró que el procesamiento dictado por Capuchetti fue “prematuro” y que la “profusa comunicación” que la jueza entendió que acreditaban la participación de la veinteañera en el complot se redujo a dos intercambios de Whatsapp, uno el  4 de julio y otro el 27 de agosto.

“A la jueza de la instancia anterior le faltó coraje para buscar la verdad”, disparó.

“No entiendo el imaginario de la jueza sobre cómo planifican un atentado con dos comunicaciones en las que Díaz no dice nada que la vincule con el ataque ni muestra que tuviera conocimiento de lo que iba a ocurrir”, destacó el abogado.

También rechazó la prueba de cargo de la activación de antenas de los teléfonos celulares de ambos en una misma zona, puesto que esa  antena capta un radio de diez cuadras dentro del cual se encuentra también la escuela a la que concurría Díaz.

“El informe de la DAJUDECO (sobre la activación de antenas) es parcial e incompleto, porque no muestra en qué horarios se activaron los teléfonos”, añadió.