El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, expuso ante la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y puso en valor la ley de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador.

En ese marco, Domínguez aseguró que la norma “es una propuesta que trabajó el sector privado, en acuerdo con el público”, y agregó que está "convencido de que es el mejor instrumento para asumir un proceso de promoción de nuevas inversiones, de industrialización de la ruralidad y de generación de empleo para dar respuesta al principal interrogante que reclama el productor: reglas de previsibilidad”.

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“El mejor mensaje que puede recibir hoy la Argentina, los productores y la industria del sector es que construyamos consensos básicos y promociones para quienes decidan invertir en la Argentina”, sostuvo.

El ministro explicó que la ley prevé un plazo de cinco años, prorrogables por cinco años más, y consideró que “un escenario de una década construye la previsibilidad que el productor y los empresarios argentinos demandan”.

A su vez, el funcionario detalló los objetivos de la medida: aumento de exportación, de volumen, de empleo, aumento y mejora de la capacidad productiva y la infraestructura.

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“Esta ley tiene todos los instrumentos necesarios para que, en un debate diverso, se pueda generar la carta de navegación para la década en uno de los sectores importantes y con mejores capacidades que tiene Argentina”, resumió.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy consideró que el sector agroindustrial tiene “un inmenso potencial”.

Indicó que “probablemente su productividad sea tres veces la de otros sectores de la economía, en términos que genera divisas externas a un costo que es prácticamente un tercio de otros sectores”, pero reclamó que “sufre una tremenda discriminación” en términos impositivos, de cupos y de tipo de cambio.