Los diputados de Juntos por el Cambio que conforman la Comisión de Justicia presentaron un proyecto para citar a la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós de Rébori, para que "explique los motivos de la negativa a recibir presos de la Ciudad" en las cárceles bajo su órbita.

Este reclamo se produce luego del motín que iniciaron los reclusos en la alcaidía anexa a la comisaría vecinal 3 A del barrio porteño de Balvanera, con el objetivo de ser trasladados a cárceles del SPF.

En el proyecto presentado se remarcó que "en marzo del año 2020 la Ciudad tenía 61 detenidos en las alcaldías y ninguno en las comisarías", pero "en la actualidad hay 802 detenidos, lo cual significa un 130 por ciento más de detenidos del que realmente puede albergar".

"La situación no solo atenta contra la seguridad de las personas privadas de su libertad, sino que también perjudica a los/as vecinos/as de la Ciudad, ya que los policías y la infraestructura que debería estar abocada a su cuidado, está siendo utilizada para funciones que no le competen y que son de competencia del Servicio Penitenciario Federal, según la normativa vigente", señaló el escrito.

En ese aspecto, explicó que "en la actualidad el SPF tiene 11.490 presos alojados en todas sus dependencias, siendo su capacidad máxima para albergares de 12.198, es decir le sobran solo 708 plazas".

"La disponibilidad implica una ocupación a la fecha de 94,20% y para las autoridades del SPF, el sistema está colapsado, cuando a la luz de las cifras no es así", añadió el proyecto que está firmado por los diputados Graciela Ocaña, Cristian Ritondo, Soher El Sukaria, Danya Tavela, Paula Oliveto, Omar De Marchi, Lidia Ascarate, Gerardo Milman, Pablo Torello, María Luján Rey, Marcela Campagnoli, María de las Mercedes Joury, Laura Castets e Ingrid Jetter.

"Se resuelve citar a la Dra. María Laura Garrigós de Rébori, actual interventora del Servicio Penitenciario Federal, a fin de que se presente frente a la Comisión de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados, y dé explicaciones acerca de cuáles son los motivos por los que no recibe a las personas detenidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con celeridad, de acuerdo a la normativa vigente, y conforme lo ordenado por la jueza en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Carla Cavaliere, generando que deban permanecer en condiciones de hacinamiento en comisarías porteñas", sostuvo el escrito.

En ese sentido, se indicó que "la visita de la Dra. Garrigós de Rébori resulta indispensable dado que la situación actual atenta no solo contra los derechos de los/as presos/as a permanecer en un ámbito seguro donde se garantice su salud y su integridad, sino que también pone en riesgo la seguridad de los/as vecinos/as de la Ciudad de Buenos Aires".

Durante el motín, los que protestaban eran los 22 presos alojados en esa dependencia, en la cual según se informó "solo hay lugar para 11".

"Esta situación ha sido denunciada en numerosas oportunidades por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro quien radicó una renuncia en la Justicia Criminal y Correccional Federal por no dar los cupos necesarios para los presos de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo al convenio celebrado que establece que las cárceles federales deben absorber a los detenidos de la Capital Federal", remarcaron los diputados.

En ese sentido, el proyecto agregó que "la jueza Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Carla Cavaliere intimó al SPF a que dé cumplimiento a un cronograma de ingresos de presos de la Ciudad a cárceles federales: entre el 8 y 15 de octubre de 2020, debían ingresar 100 personas, entre el 15 y 22 de octubre, otras cien, del 22 al 29 de octubre, 100 más y del 29 de octubre al 5 de noviembre, otras cien personas".

"Finalizado dichos ingresos, deberá mantener un cupo mínimo de entre 60 y 70 ingresos semanales. Para ello, el SPF, deberá adoptar los recaudos necesarios para su cumplimiento. Sin embargo, la Dra. Garrigós de Rébori desoye la sentencia de la jueza Cavaliere y continúa sin responder al conflicto. Es llamativo que un organismo que dispone de plazas de sobra para recibir internos, no lo haga, incluso sabiendo que por su decisión se ven conculcados los derechos de las personas privadas de libertad, cuestión que siempre pareció importarle mucho al gobierno que representa", detalló el proyecto.