La comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibió este martes a autoridades de universidades, profesores y estudiantes que dieron testimonio de la grave situación por el retraso presupuestario y la falta de respuestas del Estado nacional.

En la primera de las reuniones informativas, su presidente, Alejandro Finocchiaro (PRO), anticipó que para el próximo martes está invitado a exponer el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En varias intervenciones, hubo pedidos concretos para que también se incorpore a la mesa de discusión el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Así lo expresó por caso la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, quien remarcó que “la discusión entre el tema del financiamiento universitario y el FONID no son dos temas separados". 

“En Argentina durante muchísimos años hemos peleado por el financiamiento educativo, que incluye a las universidades y a las escuelas”, indicó, y agregó que todos los niveles educativos ”forman parte de un mismo plexo normativo".

"La Ley de Financiamiento Educativo prevé fondos para ambos sistemas”, aclaró la líder del sindicalismo docente.

En este sentido, Alesso advirtió que “estamos en una situación crítica, donde no sólo se dejó de pagar el FONID, sino que el Estado Nacional dejó de enviar los fondos para los comedores y copa de leche, refuerzo nutricional a las provincias".

“También se dejaron de enviar los fondos para construcción de escuelas”, lamentó la titular de CTERA que pronosticó “consecuencias dramáticas para la educación pública”. 

"Quieren maestros de Finlandia pero con sueldos de Nigeria”, recriminó.

Por su parte la doctora en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Lucía Ortega ponderó la magnitud de la marcha universitaria del 23 de abril pasado que a su criterio demostró que la educación pública, gratuita y de calidad “no está puesta en cuestión”.

"Es necesario que haya financiamiento para todos los gastos que necesitan las universidades. Con una inflación de 300% anual, un presupuesto congelado significa que solamente alcanza para uno de cada cuatro pesos que alcanzaba el año pasado”, se quejó.

También advirtió que si bien la situación de los ingresos se fue precarizando desde hace décadas “el salario docente desde noviembre del año pasado hasta acá cayó cerca de un 30%". 

“Con el retraso que hay se necesitaría un aumento del 54% para poder tener el poder adquisitivo de noviembre pasado”, estimó.

El rector de la Universidad Nacional de José C Paz, Darío Kusinsky, relató que desde el recambio de gobierno se fueron “perdiendo sucesivamente distintas acciones, proyectos y actividades que teníamos y que de a poco van mermando en las universidades”, como por ejemplo proyectos de obras de infraestructura y compra de equipamiento para ciencia y tecnología.

"El crédito vigente cae para el grueso de los organismos de ciencia y tecnología en el orden del 30% real, siendo el INTI e INTA los que menos descienden y siendo las universidades nacionales las más afectadas, con una caída del 84% real respecto de 2023”, graficó.

"El escenario que estamos atravesando está poniendo en juego el desarrollo de la ciencia y tecnología, no solo para este momento, sino para el futuro”, concluyó el académico.

A su turno, Daniel Ricci, de la Federación de Docentes de las Universidades, consideró que “hay un antes y un después desde la marcha del 23” de abril, dado que la petición de la comunidad universitaria se convirtió “en un reclamo de todos los argentinos”. 

“Los docentes universitarios, igual que los no docentes, perdimos en cuatro meses del gobierno de (Javier) Milei más del 50% de nuestros salarios frente a la inflación y esta es la pérdida salarial más grande de la historia”, advirtió.  

En tanto, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, indicó que las universidades están “atravesando un ajuste presupuestario que no tiene precedentes en la historia de la democracia reciente”. 

"Si suponemos que en abril la inflación va a ser del 9%, los gastos de funcionamiento en términos interanuales se van a ver reducidos un 60%”, alertó.

Pinazo señaló que pese a que Argentina es el país de la región con la matrícula universitaria más grande de la región, “en términos de PBI gasta menos en educación superior que Brasil, Chile y Uruguay”.

Además puntualizó que el año pasado el gasto universitario fue de “alrededor de 80 mil millones de dólares y solo una empresa, Mercado Libre, recibió exenciones impositivas por más de 100 mil millones de dólares”.

La secretaria general Asociación Gremial Docente de la UBA, Ileana Celotto, denunció una “brutal asfixia presupuestaria” en las universidades públicas nacionales ya que “al momento solo se ejecutó el 70% sobre el funcionamiento, que representa un 8 o 9% del total del presupuesto”. 

“El 90, 92% restante del presupuesto, la mayoría, que se destina a salarios, no hay sobre eso ninguna novedad, no hubo ningún aporte presupuestario", apuntó. 

Al hacer foco en el salario docente, Celotto detalló que “un ayudante de primera, a cargo de alumnos, con título universitario y muchas veces también de posgrado, de dedicación semiexclusiva, lo que equivale a la carga horaria de un maestro de jornada simple, tiene un salario en abril de 247.025,16 pesos”. 

“La mayoría de nuestra docencia universitaria está por debajo de la línea de la pobreza”, lamentó. 

Luego de escuchar a los expositores, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reclamó que a la próxima reunión informativa de la comisión se lo cite al subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez.

El diputado opositor advirtió que “la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023 coloca a las universidades públicas frente a una situación económica más que crítica”. 

“Observamos, también, que la ejecución del primer trimestre refleja una reducción del 34% con respecto al año anterior, y que la caída interanual en la ejecución de las partidas presupuestarias para las universidades fue incluso mucho más pronunciada respecto a otros ítems o rubros vinculados al gasto público nacional”, lamentó.  

Al finalizar el encuentro, la diputada nacional de Unión por la Patria Blanca Osuna reclamó que la comisión se aboque “lo más urgentemente posible a tener una reunión plenaria con Presupuesto y Hacienda”. 

La importancia de que la comisión presidida por José Luis Espert se acople a una dinámica de trabajo conjunto con Educación tiene que ver con que para que los proyectos desembarquen en el recinto requieren necesariamente de la firma de dictámenes de ambos cuerpos.

Por el momento, el economista libertario se resiste a convocar a su comisión, para no incomodar al Gobierno en un tema que genera rispideces.