Los jueces que condenaron a perpetua a 28 represores que actuaron en jurisdicción de Mar del Plata durante la dictadura fueron denunciados penalmente y ante el Consejo de la Magistratura por la presunta falsedad de documentos para posibilitar que un magistrado que no estuvo en el juicio interviniera para dictar la sentencia.

Las defensas de los imputados apuntaron directamente al juez federal de Azul, Martín Bava, quien –por otra parte- es el magistrado que quedó a cargo de la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, tras la salida de Alejo Ramos Padilla del juzgado de Dolores.

Según los denunciantes, Bava era el juez sustituto en el juicio por delitos de lesa humanidad de la denominada Subzona 15 y su rol era asistir a todas las audiencias para el caso de que por cualquier razón uno de los jueces titulares no pudiera continuar en el debate, el juicio pudiera seguir adelante.

Pero Bava, sostiene la denuncia, no asistió a ninguna de esas audiencias, ni de manera presencial, ni por vía remota.

Previo a la sentencia, uno de los jueces titulares del tribunal, Alfredo Ruiz Paz, renunció para acogerse a la jubilación.

“Las partes fuimos notificadas de la inoportuna y apresurada renuncia de Ruiz Paz, apremiado por acogerse a un régimen jubilatorio más beneficioso que el que le hubiera deparado el que en esos días tenía tratamiento parlamentario. Es decir que de un día para el otro, el magistrado que sí había presenciado todas y cada una de las audiencias, literalmente desapareció del juicio, cuando lo único que restaba realizar era la deliberación y dictado de sentencia”, explica la denuncia.

“Fue así que intempestivamente, un magistrado que nunca asistió a las audiencias, que jamás conoció siquiera a los imputados, que no estuvo presente durante los alegatos, que nunca participó de los reconocimientos efectuados, ni durante las declaraciones testimoniales y que por tanto, no tuvo inmediatez con todo lo acontecido en el debate, pasó sin más a participar de la deliberación”, denunciaron los defensores.

Esa situación parece violar la reglamentación que rige a los juicios orales, pero además se sumó otra circunstancia que motivó la denuncia: la presunta adulteración o falsificación de dos actas de debate.

Según los abogados de los represores, en dos actas se insertaron leyendas que consignaban una supuesta autorización para que Bava no presenciara las audiencias pero tomara conocimiento de ellas a través del envío de los videos de los debates.

Los denunciantes aseguran que ello nunca ocurrió, que jamás lo consintieron y lo prueban con los propios videos de esos días, en los que no aparece tal autorización.

Por esas supuestas irregularidades, denunciaron penalmente y pidieron el juicio político de los tres jueces: Roberto Atilio Falcone, Mario Alberto Portela y el propio Bava.

“El delito de falsedad ideológica de un instrumento público se configura cuando se insertan en él declaraciones falsas sobre hechos a los que está destinado a probar, haciendo aparecer como verdaderos hechos no ocurridos, aprovechando la autenticidad del documento para mentir sobre circunstancia que debía acreditar”, advirtieron los denunciantes.

La denuncia penal quedó radicada ante el juzgado federal número tres de Mar del Plata.