Una ONG denunció ante la Oficina Anticorrupción (OA) al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, por una muestra realizada en la sede de la cartera sobre la obra que realizó la agrupación Tupac Amaru, liderada por la dirigente jujeña Milagro Sala.

Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, por la Fundación Apolo, denunciaron “una utilización de espacios públicos con fines partidarios, implicando una ostentación de la preferencia política oficialista”.

“Centrar un homenaje alrededor de una rea condenada, procesada o imputada en diversas causas penales por las instituciones republicanas, algunas con perjuicio al erario público, pone al Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat en conflicto con legítimos actos de poder de órganos de la Constitución Nacional y de la Provincia de Jujuy”, sostiene el escrito.

Los denunciantes consideraron que la conducta de Ferraresi “vulnera los principios de Probidad, Rectitud, Buena Fe, Defensa del bienestar general y Transparencia de la Ley de Ética y los principios de Prudencia y Transparencia”.

El Ministerio –añade el texto- “llevó adelante un homenaje al trabajo realizado por Milagro Sala y la Tupac Amaru a través de sus cooperativas, consistente en la presentación de las muestras fotográficas ‘Construir un Milagro’ y ‘Lo que el odio se llevó’”.

“No resulta apropiado que el titular de un ministerio incurra en una provocación partidaria hegemónica que se pretende por encima de los órganos de la Constitución y el pluralismo político garantizado por ella, desafiando instituciones republicanas que se encuentran investigando o han juzgado graves violaciones a derechos humanos por parte de integrantes de Tupac Amaru”, resumió la denuncia.

Magioncalda y Fazio se preguntaron “¿Qué respeto a la ley y a las autoridades legítimamente constituidas puede esperarse de la ciudadanía, si quienes detentan los cargos públicos más elevados utilizan el patrimonio estatal para difamar a quienes imparten justicia?”.

Más aún, desafiaron a Ferraresi: “Si es opinión de un funcionario que en Argentina hay presos políticos, su deber es realizar las denuncias pertinentes, siguiendo las vías institucionales, en vez de llevar adelante una campaña difamatoria desde el aparato estatal”.