Es notable la velocidad con la que se acumulan señales de decadencia en Argentina. Hay hechos que marcan un clima de época en la cual sectores importantes del poder muestran que sólo les importa cartelizarse y funcionar de manera mafiosa. La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue destituida por investigar y descubrir “una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, según afirmó al referirse a una práctica delictiva en la Legislatura de esa provincia. Investigar a los poderosos en Argentina se asemeja a esos guiones cinematográficos en los que los poderosos se imponen al que los investiga y terminan haciendo un brindis cuando los sacan de carrera.

No se trata solamente de parar una investigación, se trata de enviar un mensaje a todos los que se atrevan a alterar los planes de las corporaciones político-mafiosas. Terminar destituida como Goyeneche o asesinado como Alberto Nisman: ese es el tenebroso mensaje para aquellos que se animan a enfrentar a los poderosos en Argentina.

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Eso sucede en una Justicia que  aceptó el ofrecimiento de 3 millones de pesos para cerrar las causas de Alberto Fernández  y Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos durante la cuarentena. Seguramente el  fiscal de esta causa no correrá riesgos de destitución: el patetismo de aceptar el pedido de un Presidente que humilla a los ciudadanos y se humilla a sí mismo es el tipo de conducta que trata de imponer el poder decadente y autoritario.

Hay una mecánica de discurso circular en los peronistas. El ministro Jorge Ferraresi dijo: “Cuando termine este gobierno, algunos vamos a ir presos y otros darán clases en universidades”. El comentario adelanta cual será la estrategia futura de esta gente cuando no está en el poder. La indecencia y el uso del Estado para beneficio propio es una característica fundacional de los peronistas y Ferraresi dice esto porque cree que tienen derecho a depredar los fondos públicos sin que nadie tenga derecho a decirles nada. Y usan estos discursos para marcar la cancha en la pelea interna. La crisis moral es infinita.

El Presidente se encuentra en un pozo de ineficiencia y de crisis moral que asusta. Asusta, también, que esté rodeado por un equipo de gobierno enorme y que nadie pueda aconsejarle para que conserve algo de dignidad. Ofrecer dinero por haber violado la cuarentena medieval que él mismo impuso autoritariamente es de una bajeza inimaginable. Que eso sea lo único que tiene para ofrecer a una ciudadanía exhausta, que sufrió perdidas y malos tratos en la gestión de la pandemia, da mucha vergüenza ajena

La “infectadura” en Argentina fue violencia inusitada del Estado hacia los ciudadanos. La gente que no se pudo despedir de sus familiares, las violaciones a los derechos humanos, el robo de las vacunas, la corrupción, el “Chernobyl” educativo, el destrozo económico y productivo y la muerte de ciudadanos por violencia estatal son las marcas salientes del manejo desastroso de la pandemia del gobierno argentino. Frente a ese panorama desolador, Fernández ofrece unos pesos para librarse de un problema judicial. Una vez más el poder humillando a los ciudadanos. Es imposible de imaginar una simbología peor.

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Solange Musso escribió: “Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos, quiero que sean respetados”. Expresó esto en una carta cuando estaba por morir y a su padre no le permitían llegar al hospital por el entramado diabólico de autoritarismo que instaló el poder en los tiempos del Covid. Con el paso del tiempo se certifica el carácter premonitorio de esa carta: en la Argentina los ciudadanos no tiene los mismos derechos que ostenta el poder. Esa es la peor conclusión a la que se puede arribar cuando se vive en democracia. Las personas deben ser libres e iguales ante la ley. Romper eso es instalar la injusticia como organismo rector del poder. Es muy peligrosa la instalación de ese concepto.

En medio de la debacle, el Presidente habló sobre el censo y usó la expresión “cada argentine”. Cada uno tiene derecho a hablar como quiera, pero si se habla desde el gobierno en inclusivo se está haciendo un intento de imposición. El idioma se modifica por el uso de los ciudadanos. Si se quiere modificar desde el poder se está cometiendo un claro acto de autoritarismo. La estupidez mezclada con el espíritu autoritario regala estas postales exóticas de un país en demolición: 40 por ciento de pobres y el señor que hacía festicholas en Olivos mientras los ciudadanos sufrían encerrados habla en inclusivo.

Mientras suceden todos esos cataclismos morales la oposición piensa en el próximo gobierno. Sería oportuno que expliquen sus ideas frente a la situación. No es sólo un cambio de gobierno. Es casi la única posibilidad que queda de parar la decadencia. Dentro de la oposición hay reuniones partidarias que parecen grupos de autoayuda y que no dimensionan el nivel del desastre que deben intentar revertir.

El kirchnerismo instaló paradigmas nefastos cuyo desmontaje deberá ser la tarea principal del próximo gobierno. El cambio requerirá inteligencia y coraje. La oposición debería poder mostrar que está pensando en eso y no mirándose el ombligo pensando en su interna.

(* - Darío Lopérfido es director en la Cátedra Vargas Llosa y colaborador de Newsweek Argentina).