DDHH: Rafecas reinvestiga la “Masacre de San Patricio”, el crimen de los palotinos en 1976
Una nueva hipótesis orienta la pesquisa a una represalia por el atentado de Montoneros a Coordinación Federal.
El juez federal Daniel Rafecas asumió la investigación de la denominada “Masacre de San Patricio”, el asesinato de un grupo de curas palotinos ocurrida en 1976 en la iglesia situada en el barrio porteño de Belgrano.
Rafecas tiene a su cargo la mega causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército y heredó la investigación de la Masacre de San Patricio después de que no se pudiera probar su vinculación con los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.
En la madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo armado irrumpió en la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio y acribilló a tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden de "Los Palotinos": Alfredo Leaden, Alfredo José Kelly, Pedro Eduardo Dufau, Salvador Barbeito Doval y José Emilio Barletti.
Dos sobrevivientes de la ESMA, Graciela Beatriz Daleo y Andrés Castillo, declararon en los juicios por los hechos ocurridos en ese centro de detención haber escuchado al teniente de navío Antonio Pernías (condenado a perpetua por los crímenes de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet) haberse ufanado de participar en la Masacre de San Patricio.
Pero esa hipótesis no tuvo confirmación por otras vías y se diluyó.
Cuando el expediente cayó en manos del juez Rafecas surgió una hipótesis diferente: que la masacre pudo haber sido una represalia de oficiales de la Superintendencia de Seguridad Federal por el atentado guerrillero sufrido en sus instalaciones el 2 de julio de 1976, dos días antes del asesinato de los religiosos.
El ataque, atribuido a la organización Montoneros, causó la muerte de 23 personas y heridas a otras 60.
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En el edificio de Seguridad Federal funcionó otro de los centros clandestinos de detención durante la dictadura, conocido como "Coordinación Federal”.
La batería de pruebas ordenadas por el juez apunta a corroborar esa hipótesis sobre la autoría de la matanza de los cinco religiosos.