La jueza porteña Elena Liberatori rechazó un intento de apartarla de la causa por la utilización irregular del reconocimiento facial de prófugos y advirtió que los planteos del gobierno porteño, acompañados por la fiscalía, sólo retrasan la tramitación del expediente.

La jueza resistió un planteo para que el expediente, del que ya fue apartado el juez Roberto Gallardo –quien suspendió el sistema tras detectar que se habían obtenido datos de diez millones de personas- pasara a manos de otro juzgado.

Liberatori, al igual que Gallardo y otros jueces del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, suelen dictar fallos que no coinciden con las medidas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que terminan judicializándose.

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En el caso de los datos biométricos, la ONG Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que, so pretexto de la búsqueda de 40 mil prófugos, se habían obtenido informaciones sobre más de siete millones de personas en unas diez millones de búsquedas.

Entre esas personas había personajes públicos de toda laya, desde personajes de la farándula hasta la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, la jueza Liberatori enumeró las recusaciones y excusaciones impulsadas por el gobierno de la ciudad que, en distintos momentos, derivaron en “aproximadamente cuatro meses de suspensión, en una acción de amparo que –según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires- debe ser expedita, rápida y desprovista de formalidades procesales”.

Después de que Gallardo suspendiera la aplicación del sistema que estaba autorizado sólo para la búsqueda de unos 40 mil prófugos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ, la Corte de la Capital Federal) lo apartó del caso por “temor de parcialidad”.

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Por sorteo resultó designada la jueza Liberatori, pero el gobierno porteño consideró que tampoco ella podía intervenir por una extraña interpretación del mecanismo de designación del juez.

Ese planteo, que en definitiva objetaba la designación de la jueza por sorteo,  fue acompañado por la fiscal  Marcela Monti.

Pero Liberatori replicó que no hay “otra alternativa que la aplicación del sorteo para radicar la causa ante juez natural” y subrayó que ello es “una regla tendiente a asegurar precisamente la transparencia y aventar las preferencias de las partes en cuanto al tribunal de trámite”.

La “elección” de un juez mediante argucias judiciales se denomina “fórum shopping” y es considerado un delito.

“¿Qué razón jurídicamente válida permitiría apartar el mecanismo republicano del sorteo para determinar un juez natural?, ¿de qué manera el sorteo perjudica a una de las partes?”, se preguntó Liberatori.

“Este tribunal es el competente para intervenir en calidad de juez natural porque la competencia le ha sido válidamente asignada por sorteo”, resumió, al decidir hacerse cargo del expediente.