El Banco Central anunció el viernes dos resoluciones para el sector externo. Por un lado, la flexibilización del acceso a dólares para financiar la importación anticipada, con un límite de 270 días, de bienes de capital por hasta 1 millón en esa moneda extranjera.

La iniciativa favorece a las PyMEs industriales que necesitan equipamiento. Por otro,el establecimiento de límites al financiamiento en cuotas con tarjetas de crédito para la compra de pasajes, alojamiento, alquiler de auto y otros servicios turísticos en el exterior. Esta segunda resolución establece que los pagos se tendrán que hacer en una sola cuota o con la financiación de las tarjetas de crédito o los créditos personales que adjudican las entidades bancarias.

Inmediatamente esto generó una fuerte impugnación por parte de la oposición política, económica y mediática. Por supuesto: desconocen que, dado el problema de balanza de pagos que tiene el país –ocasionado fundamentalmente por la deuda con el FMI contraída por Mauricio Macri—, resulta imprescindible usar las reservas para consolidar el proceso de crecimiento productivo y del empleo en la Argentina.

A diferencia de lo que afirma esa oposición, nadie estará impedido de viajar al exterior ni imposibilitado de pagar con tarjeta de crédito. Lo único que no podrán es financiarse en cuotas sin intereses. Gobernar suele ser elegir y aquí el gobierno está eligiendo entre estimular el uso de los dólares para importar bienes de capital o financiar los gastos vinculados a los viajes al exterior.

Según el informe sobre Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), el mes pasado hubo egresos netos de u$s 265 millones por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta. En octubre de 2020 esos egresos habían sido de u$s 143 millones, es decir, aumentaron el mes pasado un 85% respecto del mismo mes del año anterior.

Algunos análisis, que seguramente se irán profundizando en los próximos días, indicarían que la resolución vinculada a los gastos turísticos en el exterior genera una fuerte reacción porque estaría afectando el negocio de algunos fuertes operadores turísticos en alianza con varios grandes bancos comerciales.

En esta perspectiva, lo que plantea la oposición ante la medida es una desmesura y una nueva demostración de su opción por los sectores que operan bajo el eufemismo del “mercado”. Diputados de Juntos por el Cambio afirmaron durante la semana que “con la restricción dispuesta por el Banco Central, en los hechos, se está prohibiendo que miles de argentinos pueden ejercer su derecho de salir del país, libertad ésta reconocida en forma expresa en el artículo 14 de la Constitución”.

De este modo, una política para cuidar las reservas y promover el crecimiento es transformada por la crispación opositora en una medida que supuestamente prohíbe, aísla y encierra.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, expresó: “en general la gente que viaja al exterior ninguno es pobre, seamos claros, y la clase media tiene un montón de opciones de veraneo en el país”. Finalmente afirmó que “la cuestión es muy clara, estamos en un escenario de recuperación, de reactivación y tenemos que priorizar que continúe (…). Tiene que ver con ir administrando un desequilibrio en el balance de divisas y que no falte ningún producto que la Argentina necesite”.

La iniciativa tiene muchos aspectos positivos: va a favorecer, por ejemplo, al turismo local y, por lo tanto, va a generar puestos de trabajo que de otra manera se producirían en el exterior. Por eso se vincula con medidas de estímulo al turismo nacional como el programa Previaje, que le devuelve al viajero una parte importante de sus gastos para que los continúe invirtiendo en turismo local.

A la Argentina no le sobran reservas, pero intenta utilizar las que tiene de la mejor manera posible en función del interés nacional. En cambio, la oposición insiste con lo de siempre: defender el interés de una minoría en contra de los intereses de las mayorías.

Otra desmesura instalada en la agenda pública es la necesidad de una devaluación. Pero resulta difícil de sostener: porque en la medida que el país tiene un alto nivel de exportaciones, todo parece indicar que la combinación precio - tipo de cambio sigue siendo beneficiosa para los que producen en el país bienes exportables; los últimos datos conocidos de la balanza comercial arrojan un superávit anual acumulado de alrededor de US$ 13 mil millones.

Queda aún abierta la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y las expectativas negativas de que no se llegue a un acuerdo son aprovechadas para generar algún tipo de presión devaluatoria. Pero si el país cierra el acuerdo con el FMI, en los términos que está planteando el gobierno nacional, y en un contexto en el que ya arribó a otro anterior con los bonistas privados, se abre un largo periodo de tiempo donde será muy difícil instalar ese tipo de presiones devaluatorias. Si tenemos una economía con superávit de la balanza comercial y sin vencimiento de deuda externa por varios años, es posible imaginar un escenario de tranquilidad y de crecimiento con inclusión social.

Aún en analistas insospechados de oficialismo hay una tendencia a considerar que la negociación con el FMI avanza y que es posible llegar a un acuerdo en el próximo tiempo. Es necesario recordar que el acuerdo que se logre deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación, según establece la Ley 27612 sancionada prácticamente por unanimidad a principios de 2021.

Nosotros insistimos: no se trata de cualquier acuerdo ni de acordar rápido, se trata de cerrar un trato que no trabe la posibilidad de llevar plenamente a la práctica el programa que votaron los argentinos y las argentinas cuando eligieron a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para conducir los destinos de la Nación.

La Argentina crece y tiende a consolidar un modelo de desarrollo con la gente adentro.

Carlos Heller es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados