El juez federal Julián Ercolini procesó al ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta por “admisión de dádivas” por parte de directivos de Techint para que intercediera ante el gobierno de Venezuela, que pretendía expropiar Sidor, perteneciente al mismo grupo empresario.

Ercolini inculpó a Baratta pero sobreseyó a los principales empresarios involucrados en la maniobra, Paolo Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, pese a que reconoció la existencia de los pagos ilegales por parte de ellos hacia el funcionario.

Ercolini justificó que ante la situación que se estaba produciendo en Venezuela en 2008 con Sidor, “la empresa solicitó auxilio al entonces gobierno nacional, recurriendo conforme lo dicho al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”.

De esa manera, la resolución coloca a los empresarios como virtuales víctimas, que se vieron compelidos a efectuar los pagos ilegales para proteger la seguridad de los jerárquicos y los trabajadores argentinos de Sidor en Venezuela.

“Al concretar el pago de las sumas de dinero requeridas, se vieron en la imperiosa necesidad de afectar a un bien jurídico con el fin de salvar otros bienes jurídicos, no sólo de mayor jerarquía, sino también por la pluralidad de afectaciones, ante amenazas objetivas y ciertas de probables e inminentes daños”, justificó Ercolini.

Así, sostuvo que “el daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños cuya ocurrencia era inminente”.

El nuevo procesamiento contra Baratta está relacionado con ocho pagos, de entre 15 y 20 millones de pesos, “que de ningún modo se vinculaban con sus tareas en el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.

“Baratta se desempeñaba como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, y habría organizado la forma en que se entregaría el dinero, que no habría ingresado en las arcas públicas”, añadió.

Baratta fue procesado “más allá de la participación que habría tenido en el esquema de recaudación ilegal investigado en la presente causa”, en la que su situación ya fue elevada a juicio oral y público por “organizador de asociación ilícita y cohecho pasivo”.

“Las constancias incorporadas dan cuenta de su participación de los sucesos objeto del presente resolutorio, principalmente, por lo reconocido por Betnaza y Zabaleta, y lo asentado en las anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno”, su ex chofer, fueron evaluadas para el nuevo procesamiento.

La resolución no incluye la prisión preventiva ni un incremento en el monto del embargo que pesa sobre Baratta.