La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reiteró hoy que la Causa Cuadernos “se encuentra viciado por gravísimas irregularidades que fulminan absolutamente su validez” y pidió una batería de medidas de prueba de cara al eventual juicio oral, en fecha aún por determinar.

Al contestar una “vista” del Tribunal Oral Federal número siete en la etapa previa al debate oral, los abogados de la vicepresidenta, Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, advirtieron que “dadas las garantías constitucionales implicadas”, se reservaron la posibilidad de recurrir a eventuales rechazos “de ser ello necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías correspondientes”.

El escrito, de una decena de páginas, forma parte de la “instrucción suplementaria”, la etapa inmediatamente anterior al juicio oral, en la que las partes proponen los elementos de prueba y los testigos que se discutirán en el debate.

Los abogados de Cristina Kirchner pidieron “un estudio pericial de caligrafía y scopometría sobre todos los cuadernos originales supuestamente manuscritos por Oscar Centeno”, para –entre otros aspectos- determinar si “pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”.

El análisis deberá también determinar “si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta”.

“Los peritos deberán establecer la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”, añadió el escrito.

Sobre la prueba de cargo recolectada en la etapa de instrucción por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, la vicepresidenta pidió que “se lleve a cabo un estudio pericial a efectos de determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones que obran almacenadas en el dispositivo pendrive”.

Se trata de las filmaciones que supuestamente realizó el chofer Centeno cuando llevaba y traía al ex viceministro de Planificación Roberto Baratta del presunto cobro de coimas.

En ese contexto, la defensa de la ex presidenta reclamó también que “se lleve a cabo un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López”, el ex secretario de Obras Públicas que declaró como “arrepentido” en la causa.

Pero además, los abogados exigieron que “se libre oficio al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para que informen si alguno de los más de 30 imputados que se acogieron al régimen del arrepentido  “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones”.

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Ello, por cuanto desde el inicio de la causa circula la versión de “arrepentidos” que tras declarar ante Stornelli y Bonadio se presentaron ante escribamos privados para explicar que lo que sus expresiones habían sido fruto de presiones a cambio de no quedar detenidos.

Sobre ese particular, el pedido de prueba incluye establecer qué teléfonos usaron Bonadio y Stornelli en aquellos tiempos y, con ese dato, “requerir a la DAJUDECO que elabore un informe detallado en el que consten todos los registros de comunicaciones e impactos de celdas que los mismos hubiesen tenido lugar,  individualizándose a todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería”.

Ello, con el objetivo de “establecer la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Finalmente, también pidió copias de las “actuaciones administrativas que se vinculan con las licitaciones y/u obras” involucradas en los supuestos pagos de coimas para la concesión de contratos de obra pública.