La información trascendió unos días antes de una elección que es seguida con mucha atención en el mundo sindical y político. El candidato a secretario general del gremio Julio Gutiérrez está procesado por los delitos de estafa y falsificación en una causa que se tramita en el Juzgado Federal de San Martín.

Gutiérrez, que en la actualidad tiene numerosos cargos políticos y se desempeñaba como secretario general del sindicato patagónico de la Unión del Personal de la Seguridad Privada y Afines de Argentina (UPSAP), fue acusado por la empresa Secar Security (ex Securitas) como responsable de apropiarse de una suma millonaria correspondiente a los aportes sindicales de sus empleados. 

Esta denuncia que tomo estado público cayó como una bomba en las oficinas del dirigente patagónico que además se desempeña como parlamentario del MERCOSUR. NA no logró dialogar con Gutiérrez para que realice su descargo pero desde algunas oficinas se difundió parte de la denuncia.

Todo esto en un contexto en el que se votará mañana, el miércoles 11 de diciembre, por la conducción del gremio UPSRA (Unión del Personal de Seguridad de Argentina). Unos comicios que fueron denunciados por numerosas irregularidades por la lista Azul de Christian López y que incluye un pedido de prórroga a la secretaria de Trabajo de Julio Cordero, por las escasas condiciones, elementales, para llevar adelante una elección sindical que puede significar la primera experiencia de democratización de los sindicatos que tanto pregonan los dirigentes de La Libertad Avanza.

Lo cierto es que se tratará de la elección sindical más caliente del año teniendo en cuenta la actividad de sus afiliados, vigiladores privados, guardias de seguridad en importantes dependencias privadas como bancos, financieras, supermercados, y, hasta countries, y de las irregularidades que ya provocaron la suspensión un par de veces de los comicios.

Christian López había interpuesto un pedido de prórroga que fue concedido porque la lista oficialista del octogenario Ángel García quería que se votara en escuelas, hospitales y sedes bancarias en vez de la sede del gremio como debiera ser.

Numerosos gobernadores se opusieron a la idea de que se votara en establecimientos públicos teniendo en cuenta que podrían producirse desordenes y nadie se haría cargo de un potencial desastre.

Pero la inquietud crece a medida que se acerca el 11 de diciembre y a pesar que la lista Azul volvió a impugnar la fecha de votación por más irregularidades detectadas en el padrón. De hecho la elección podría suspenderse a último momento. 

Y los afiliados de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) debería concurrir a las urnas en otra fecha. Lo harán por primera vez en 12 años y la elección dará la posibilidad a los vigiladores de elegir a la conducción del gremio para los próximos cuatro años. La contienda marcará un antes y un después en la vida institucional del sindicato que tiene numerosas cuentas pendientes en sus balances y podría juntar hasta 150.000 trabajadores de seguridad privada que trabajan bajo convenio de la actividad.

Según trascendió en sede judicial, la causa contra Gutiérrez involucra a otro dirigentes sindicales patagónicos que conforman su mesa gremial. 

De acuerdo con las constancias que figuran en el expediente judicial, Gutiérrez y su comisión directiva, habrían generado “fraudulentamente un certificado de deuda ideológicamente falso a los efectos de engañar a la Sra. Juez Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín”, con el fin de “ obtener un beneficio patrimonial indebido ”.

Así surge del expediente que se tramita en la Justicia Federal de San Martin que pone al ministro de trabajo de Santa Cruz -en aparente uso de licencia -y con el apoyo del gobernador Claudio Vidal-, diputado del ParlaSur en ejercicio y actual candidato en UPSRA, en una situación delicada porque no estaría cumpliendo con un reclamo de la ciudadanía: tener "ficha limpia"

La denuncia de la empresa privada de seguridad se produce luego de una presentación judicial de Julio Gutiérrez, quien, como secretario general de UPSAP, reclamó aportes de cuota sindical que supuestamente la firma debía “de los períodos del 2018 al 2022 respecto de 234 empleados” de Securitas algo que valió el embargo de las cuentas bancarias de la ex multinacional por “más de setecientos veinte millones ($720.000.000)”

Debe tenerse presente que la ley vigente le otorga una presunción de legitimidad a los Certificados que emite una entidad gremial por deuda de cuota sindical, e impide, hasta tanto se emita sentencia, que se pueda discutir la verdad o falsedad de Io esgrimido por el sindicato, algo que habría sido utilizado por Gutiérrez “para engañar a la jueza federal y obtener una medida cautelar”, argumento Secar.

La empresa acusó a Gutiérrez de cambiar las pruebas originalmente presentadas “por otro listado que incluía otro grupo de trabajadores que no solo no tenían nada que ver con los que exhibieron en la fiscalización primitiva, sino que además incluía personas que no eran empleados” de Secar.

Si hablamos con el idioma de Javier Milei, sólo el candidato de la lista Azul, Christian López no sería parte de la casta sindical. Ángel García y Julio Gutiérrez podrían ser señalados por los libertarios como “sindigarcas” a juzgar por sus peleas en el pasado que eclosionan hoy ante una elección fundamental.

García, abogado de profesión, fue consagrado al frente del gremio hace 40 años con el impulso de Eduardo Duhalde. En 2016, García perdió el control de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina, que fue intervenida por Jorge Triaca. Sobre el epílogo del macrismo, Dante Sica levantó la intervención y homologó la lista Leónicas Requelme, cercano a Luis Barrionuevo, fuertemente enemistado con García.

Pero, con el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Claudio Moroni en Trabajo, le devolvieron el control a Ángel García.

En ese contexto, se fueron consolidando otras estructuras sindicales conformadas por disidentes al viejo caudillo, entre ellas la UPSAP en la Patagonia, que comanda el hoy ministro de Trabajo de Santa Cruz, Julio Gutiérrez.

Sin embargo, Gutiérrez, que acumula cargos y poder, no es un recién  llegado al mundo sindical y fuentes gremiales señalaron a NA que mantiene una inquina personal con García desde el 2002 cuando se lo acusó de fraude por una suma de dinero recaudada a favor del gremio y un fiscal lo imputó por estafa

La publicación especializada datagremial.com recuerda que en el año 2001, el del fin de la Convertibilidad y del gobierno de la Alianza de Fernando De La Rua, no fue el único patagónico que viajaba seguido a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde Santa Cruz “…viajó a Buenos Aires para ofrecer organizar la actividad sindical de la UPSRA en la Patagonia. Fue así que ese año, el titular del sindicato, Ángel García, lo designó Delegado Regional con asiento en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, todo voló por el aire en 2006, cuando desde la conducción nacional del gremio se detectó un faltante del aporte del “Fondo de Ayuda Solidaria” –ítem integrante de la convención colectiva de trabajo, CCT 507/07- por parte de algunas empresas del sur del país”.

El periodista Matías Tagliani señaló en su artículo que “Tras realizar averiguaciones, desde el gremio se contactaron, con una de ellas, “Servicios de Seguridad Solís”, entre muchas otras damnificadas. Ahí fue que saltó la maniobra: el titular de la firma, Gilberto Solís, informó que Gutiérrez le hizo creer que estaba facultado para recaudar ese adicional, lo instó a firmar un acuerdo trucho, le cobró el importe (mitad en efectivo y el restante por cheque) y le emitió un “libre de deuda””.

Según reconstruyeron en el gremio de seguridad privada, el hecho fue ilegal porque esos beneficios se deberían haber depositado en el Banco Nación a nombre del gremio que hoy aspira a conducir. Pero, en esos años, "no estaba habilitado para realizar dicha gestión a nombre del sindicato".

Por el momento, Gutiérrez se relaciona con dirigentes  del gobierno nacional apalancado en su función en el ministerio laboral de Santa Cruz y se concentra en sus afiliados de la Patagonia que lo impulsan a reemplazar Ángel García.

El tercer candidato con posibilidades de coronar es Christian López que no para de recorrer el país mostrándose como un dirigente de la nueva camada, con llegada a los hermanos Moyano, y con una propuesta que busca reivindicar al trabajador de la seguridad privada no sólo en sus ingresos sino en su capacitación. Un tema fundamental en los Estados Unidos donde se formó y donde la tecnología puesta al servicio de la vigilancia y el control es fundamental.