La Corte avanza con el análisis de uno de los conflictos entre Nación y Ciudad: la coparticipación
Representantes de la Nación y de la Ciudad asistirán para exponer sus argumentos respecto del primer conflicto que tensó la relación entre ambas jurisdicciones, antes de la discusión por las clases presenciales.
La Corte Suprema de Justicia llevará a cabo mañana la audiencia pública con funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires para analizar la disputa por los fondos coparticipables que fueron recortados por decreto del presidente Alberto Fernández.
La quita del 1% de los fondos que recibía el distrito porteño para destinarlos a la provincia de Buenos Aires fue el primer capítulo de la tensión entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que sumó en los últimos el conflicto por las clases presenciales, tema que también pendiente la Corte.
En esta primera audiencia, que se realizará este miércoles a las 11:00, los jueces del máximo tribunal escucharán los planteos y recibirán los informes de los representantes de ambas jurisdicciones para evaluar el conflicto y tomar una decisión que, según supo NA, se demoraría algunos días.
En el Gobierno porteño no quieren anticiparse al fallo, pero consideran que la sola realización audiencia es una "buena noticia" porque permitirá que las dos partes en conflicto se sienten a la misma mesa, con la Corte como árbitro.
"Esto ya no sería una discusión meramente política, en una audiencia tiene que estar todo sustentado, cada uno lleva sus pruebas", indicaron a Noticias Argentinas fuentes del Gobierno de la Ciudad.
Se prevé que a la audiencia asistan, por el Gobierno nacional, representantes de la Secretaría Legal y Técnica que conduce Vilma Ibarra y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, indicaron a esta agencia en Casa Rosada; por la Ciudad asistirá el procurador general porteño, Gabriel Astraloa y el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura.
El decreto firmado por el Presidente en septiembre pasado le quitó a la Ciudad el 1% de la coparticipación que percibía hasta el momento para destinarlo a la provincia de Buenos Aires con el fin de dar respuesta al reclamo salarial que en ese entonces llevaba a cabo la Policía Bonaerense.
El argumento del Gobierno nacional para tomar la medida fue que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, se le otorgó a la Ciudad un incremento de la coparticipación (que pasó del 1,4% al 3,7%) para sustentar los gastos del traspaso de la Policía Federal que excedía lo necesario.
La administración de Rodríguez Larreta decidió presentar un amparo ante la Corte Suprema contra esa medida, por considerar que afectaba los recursos de la Ciudad y desacomodaba, además, el presupuesto fijado para ese año.
El decreto firmado por el Presidente dispuso que el coeficiente que recibía la Ciudad bajara del 3,5% que mantenía desde 2018 (tras el 3,7 inicial establecido en 206 por Macri) al 2,32%.
Esa masa de recursos sufrió meses después un nuevo recorte a partir de la ley aprobada por el oficialismo en el Congreso para concluir con el proceso de traspaso de las funciones de seguridad de la Nación a la Ciudad, que impuso otro punto más de recorte.
La audiencia será un primer paso en la resolución de apenas uno de los conflictos que se vienen dando entre la Casa Rosada y la sede de Uspallata.
En ese contexto, en la Ciudad de Buenos Aires esperan que en los próximos días el máximo tribunal resuelva la disputa por la suspensión de clases presenciales adoptada por el Gobierno nacional ante el rebrote de la pandemia de coronavirus.
La medida, que es fuertemente resistida por Rodríguez Larreta,se convirtió en el nuevo eje central de la pelea política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en pleno año electoral.